El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra el artículo 3 de la ley valenciana para paliar y reducir la pobreza energética, y contra varias disposiciones de la también normativa autonómica por la función social de la vivienda. El Ejecutivo central ha planteado estos recursos por si el Gobierno autonómico incurre en extralimitación competencial y se invaden las competencias estatales en estas materias.