Todos los funcionarios de la Generalitat valenciana deberán acreditar el requisito lingüístico, del que «excepcionalmente» podrían estar «exentos» los trabajadores de Sanidad. Así lo marca finalmente el anteproyecto de Ley de Empleo Público de la Comunitat, que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo; y el conseller de Educación, Vicent Marzà, presentaron ayer a los sindicatos, tras un acuerdo con el que se ha desbloqueado la norma, tras los desencuentros iniciales entre los socios de Gobierno --PSPV y Compromís-- por la redacción del borrador, donde no se garantizaba la obligatoriedad del valencià. Ahora se blinda.
La futura ley de Función Pública recoge en una disposición adicional que, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, el Consell deberá aprobar el reglamento que regulará el nivel de valenciano exigible para el acceso a la función pública. Esta regulación es competencia de Justicia, aunque Educación, como conselleria con competencias en política lingüística, tendrá que hacer un informe previo.
LOS NIVELES, POR GRUPOS // En el texto se incluye que los mínimos correspondientes a cada grupo se recogerán en un documento que deberá estar listo en los próximos seis meses a la entrada en vigor de la ley, con una disposición final para el supuesto de que, si transcurrido un año no se hubiera aprobado por el Consell ese reglamento, se exigirá un certificado C1 (Mitjà) para los grupos A1, A2 y B; un B1 y B2 (Elemental) para los grupos C1 y C2, respectivamente, y las agrupaciones profesionales funcionariales, un A2 (Oral).
¿POR QUÉ LA EXCEPCIÓN SANITARIA? // Únicamente se prevé la «excepción en el ámbito sanitario y de la salud, y en garantía de los servicios públicos, si hay necesidades de personal y este no dispone de la competencia lingüística acreditada, con lo que el órgano competente en personal de las consellerias correspondientes podrán proveer los citados puestos de trabajo con carácter no definitivo, por medio de un informe que debe establecer la exención».
A la reunión, asistieron los dirigentes de UGT, CCOO e Intersindical, y posteriormente Bravo se reunió con CSI·F y FSES, como organizaciones presentes en la Mesa de Negociación. «En el anteproyecto se han incluído mejoras, en un acuerdo muy positivo, que permitirá incrementar el uso del valenciano a nivel social y en la Administración», señalaron fuentes de Justicia. //
