Todos los partidos con representación en Les Corts Valencianes, salvo el PP, han dado credibilidad a la confesión del cabecilla de la trama Gürtel Francisco Correa y han responsabilizado al expresident de la Generalitat Francisco Camps por permitir supuestamente el saqueo de fondos públicos.
El PP de la Comunitat Valenciana ha rehusado pronunciarse sobre la citada confesión alegando que no valora "temas judiciales ni estrategias de defensa" mientras desde Vitoria, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha dicho que tiene confianza en los jueces y espera que el proceso judicial "aclare la verdad".
El president de la Generalitat, la vicepresidenta, portavoces parlamentarios del resto de partidos y el alcalde de València han ofrecido hoy sus valoraciones sobre el texto remitido por Correa al fiscal en el que confiesa que el PP de la Comunitat Valenciana pagó en B trabajos en campañas electorales contratados a Orange Market.
CORREA, JUZGADO EL LUNES
Correa, que será juzgado a partir del lunes en la Audiencia Nacional junto a otros diecinueve acusados por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano a través de la trama, negocia con Anticorrupción un acuerdo de conformidad que atenúe su condena a cambio de reparar el daño.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido la presunción de inocencia pero ha dicho que es "más que evidente que hay pruebas acumuladas de que hubo una financiación ilegal del PP" y de que este partido, "en momentos determinantes", ha ganado las elecciones "haciendo trampas".
Ha señalado que aunque será la justicia quien determine la posible financiación ilegal del PP, espera que "alguna vez haya la asunción de responsabilidades políticas" porque, a su juicio, "el actual PPCV es el viejo PPCV" y "aún no ha tomado ninguna decisión relevante en cuanto a la asunción de responsabilidades políticas".
"Han hecho mucho daño a la reputación de la Comunitat", ha afirmado el president, a quien le preocupa que "no se tenga la valentía y el coraje de asumir la responsabilidad política correspondiente"
La vicepresidenta, Mónica Oltra, cree que Correa ha dicho "lo que en Valencia casi todo el mundo sabía" y ahora se sabe "en el resto de España".
EL RESTO DE PARTIDOS
La diputada del PSPV Ana Barceló ha pedido la ilegalización del PP nacional por sus "prácticas corruptas", que "sientan en el banquillo a 126 personas vinculadas al partido por más de 30 causas" con un "modus operandi" similar, ha asegurado.
"Estamos convencidos, como dice Correa, de que Camps era el eslabón perdido, la X que hemos buscado durante años", motivo por el cual ha pedido que el expresident deje el Consell Jurídic Consultiu valenciano y a la actual presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que dé explicaciones al respecto.
El portavoz de Compromís, Fran Ferri, cree que "la confesión de Correa lo que viene a decir es que el PP pagó su campaña con dinero que debería haber ido a educación, sanidad o dependencia y que Francisco Camps era el máximo responsable de ese saqueo de fondos públicos".
Para Ferri, "lo más grave de todo es que el PP no se ha regenerado y no ha devuelto el dinero que desvió" y ha indicado que Bonig "ha apoyado en público en reiteradas ocasiones a Camps" y por eso, ha añadido, "sabemos que su proyecto es más de lo mismo".
El secretario general de Podem, Antonio Estañ, ha exigido también a Camps que deje el CJC, ha dicho que esa confesión "vuelve a confirmar que el PPCV no sabe presentarse a las elecciones sin incumplir la ley", y ha reclamado también a Bonig que deje de defender la figura de Camps para hacer honor a la "supuesta regeneración" que pregona.
La portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha coincidido con el resto de formaciones en pedir al PP que "pida disculpas uno por uno a todos los valencianos".
El alcalde de València, Joan Ribó, ha calificado de "muy grave" y un "ataque flagrante a la equidad democrática" los supuestos pagos ilegales del PP valenciano a la trama Gürtel y ha pedido que "devuelvan el dinero que robaron a todos".
El diputado nacional de EUPV, Ricardo Sixto, ha pedido la dimisión de Camps en el Consell Jurídic por "no ser digno de seguir en el cargo, pese a la presunción de inocencia".
