El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, no gana para sustos judiciales. Ahora, por el llamado caso de los columbarios. Ya lo estaba por el fichaje de Neymar. El club, el propio Bartomeu y el exdirectivo Toni Freixa han sido imputados por un presunto delito de estafa, junto a Enrique Alavedra y a la sociedad VialProjectes Xe Futur.
El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, Francisco Miralles, ha citado a declarar a Bartomeu y Freixa el 9 de junio; y al asesor jurídico del Barça, Román Gómez Puntí, en representación del club, el día 12. Todos a la misma hora: las 10.30. El magistrado toma esta decisión después de acumular otro proceso judicial que se había abierto en otro juzgado de la ciudad.
La investigación se inició hace meses por una presunta estafa en la construcción del fallido Espacio Memorial del Camp Nou. Una denuncia parte de José Huertas, uno de los empresarios que impulsó el columbario, espacio pensado para acoger las cenizas de los aficionados del Barcelona.
Giem Sports SL ofreció al Barça la posibilidad de hacer negocio a propósito de un «espacio memorial» como los que esa misma empresa ya había instalado en otros estadios de fútbol. La persona de contacto con el club fue Freixa, directivos del 2010 al 2014.
30.000 URNAS // Freixa, según la querella, recibió diversos importes de Giem Sports como supuesto asesor jurídico pero, a la vez, dirigía las negociaciones en nombre del club como secretario de la junta y asesor jurídico. En febrero del 2012 se firmó un primer contrato para instalar el memorial, con capacidad para 30.000 urnas. A cambio de ceder el espacio, el club ganaría 6 millones.
El principal responsable de la empresa, Santiago Bach, contra el que también se dirige una querella, captó inversiones para impulsar el proyecto, ya aparcado. Pero pasaron los años, los inversores no recibieron lo prometido y llevaron el caso ante el juez.
La investigación también intenta aclarar si el club, como sostiene la acusación, sabía que el proyecto no podía realizarse. Aun así, percibió un millón como depósito. En marzo del 2013, la entidad pidió la licencia al Ayuntamiento de Barcelona, que la denegó por «incompatibilidad del uso del espacio memorial con los usos permitidos en el ámbito del estadio Camp Nou». Una circunstancia «ocultada» al empresario, que siguió captando fondos «en la creencia de la viabilidad del contrato», según la acusación.
