La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Julianne Kokott, considera discriminatorio el hecho de que un trabajador temporal del sector público no tenga derecho a ser readmitido en su puesto de trabajo tras haber sido despedido de forma ilegal, mientras que los trabajadores fijos sí disfrutan de ese derecho.

La letrada responde así a una cuestión elevada por el Juzgado de lo Social número 2 de Terrasa sobre un litigio que enfrenta a una enfermera con el Consorci Sanitari de Terrasa. Esta profesional firmó un contrato de carácter indefinido no fijo y, tras tener tres años de excedencia, solicitó volver al trabajo en el 2014, pero el Consorci le comunicó que no había ningún puesto que se correspondiese con sus cualificaciones.

Marco legal

El Estatuto Básico del Empleado Público otorga a los empleados públicos fijos el derecho legal a ser readmitidos, mientras que a todos los demás trabajadores, incluidos los temporales del sector público, se les aplica el Estatuto de los Trabajadores, según el cual el empresario puede elegir libremente entre readmitir al trabajador o pagarle una indemnización una vez que el despido sea declarado improcedente.

En abril del 2016 la enfermera volvió a solicitar ser reintegrada, y un mes más tarde se le ofreció un tiempo a puesto parcial. Puesto que deseaba trabajar a tiempo completo, no se presentó en el lugar de trabajo, por lo que fue despedida por motivos disciplinarios. La enfermera acudió a la Justicia para que su despido fuese declarado abusivo y poder obtener una indemnización o la readmisión en su puesto de trabajo.

Jurisprudencia

Las conclusiones de la magistrada Kokott publicadas este jueves no son vinculantes de cara a una futura sentencia, aunque en la mayoría de los casos los dictámenes suelen seguir la dirección expuesta por los abogados generales. En primer lugar, la abogada general precisa que dirimir si el despido de la enfermera fue o no improcedente es una cuestión que debe ser resuelta por el juez nacional.

Hecho discriminatorio

Sin embargo, Kokott propone al TUE que declare que es el hecho de que no se confiera a los trabajadores temporales del sector público con carácter general un derecho legal a ser readmitidos después de que el empleador haya puesto fin de manera ilegal a su relación laboral es "discriminatorio", puesto que los empleados públicos fijos sí gozan de este derecho. Kokott señala que es "indudable" que limitar únicamente a los empleados públicos fijos el derecho legal a ser readmitidos "genera una diferencia de trato" entre esa categoría de trabajadores y los empleados no fijos que trabajan al servicio de las administraciones públicas.

Readmisión

La abogada general recuerda en sus conclusiones que la readmisión tiene los objetivos de corregir una actuación ilegal del empleador de una gravedad considerable y satisfacer las expectativas legítimas del trabajador de que su relación continúe a lo largo de su periodo normal de duración.