La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) achacó ayer al Gobierno de Mariano Rajoy el más que previsible incumplimiento del objetivo de déficit de este año que el actual Ejecutivo ha comunicado a la Comisión Europea (prevé cerrar en el 2,7%, frente al 2,2% fijado). La institución ya consideraba «dudoso» alcanzar la meta cuando el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó su proyecto de presupuestos para el 2018, que el presidente Pedro Sánchez ha decidido mantener. Pero las medidas pactadas por los conservadores para sacar adelante sus cuentas e incidencias imprevistas en el rescate a la banca y las autopistas han provocado que la probabilidad de cumplir el 2,2% se reduzca del 40% al 24%, según sus estimaciones.

Fuentes de la Airef explicaron que la Administración Central del Estado y la Seguridad Social son las dos administraciones que van a provocar el desvío. Los presupuestos ya hacían improbable cumplir, pero las medidas pactadas por el anterior Gobierno para sacar adelante su proyecto en el Parlamento lo hacen aún más difícil. Se trata fundamentalmente de la subida de las pensiones (1.500 millones de euros) y el incremento de los salarios de los funcionarios (2.691 millones). Además, el rescate de las autopistas ha costado otros 2.000 millones, según algunas estimaciones.

DINERO PARA LA BANCA / La banca, por su parte, va a provocar un alza del déficit de unos 2.700 millones, el 107% más que en el 2017. Los esquemas de protección de activos (EPA) que el Estado concedió a BBVA y Sabadell para que se quedaran con Unnim y la CAM (y que obligan al Fondo de Garantía de Depósitos a cubrir pérdidas en estas entidades intervenidas) provocarán un incremento del gasto público este año de 1.700 millones, frente a los 800 millones del 2017.

Además, el Santander ha anunciado que va a pedir la activación de 1.000 millones en activos fiscales diferidos (DTAs, derechos al menor pago del impuesto de sociedades) por las pérdidas del Popular, frente a los 500 millones del año pasado.

RIESGOS / En total son unos 8.900 millones, que explican «fundamentalmente» la desviación del déficit desde el 2,2% fijado como objetivo al 2,7% que ahora se considera probable. Y siempre hay riesgos de incumplir esta última previsión. «Los presupuestos deben tener en cuenta los pasivos contingentes (eventualidades como el rescate a la banca y las autopistas). En responsabilidad patrimonial del Estado, creemos que hay poco más: el céntimo sanitario. Pero están los EPAs y los DTAs y no sabemos cuándo se van a materializar», advirtieron en la Airef.

La autoridad fiscal estima que la desviación del Estado y la Seguridad Social no va a ser compensada por el mejor comportamiento del previsto de las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Las primeras, calcula, podrían cerrar el año con un déficit del 0,3%, una décima por debajo del objetivo, mientras que las segundas lograrán mantener su superávit del 0,6%.