El Gobierno ha decidido que los bancos podrán cobrar una comisión máxima de tres euros al mes (36 euros al año) a los clientes que contraten una cuenta de pagos básica. Además, el servicio será aún más barato o incluso gratuito para «aquel colectivo de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera». Así aparece recogido en el borrador de la orden ministerial que regula este producto financiero, ideado por la Unión Europea para lograr que el acceso a la banca sea un derecho prácticamente universal, según adelantó ayer Cinco Días.

España está altamente bancarizada y la mayoría de los ciudadanos tiene una cuenta, pero la ley aprobada a finales del año pasado va a permitir acceder a ella a personas que hasta ahora estaban excluidas del sistema financiero por no ser rentables para los bancos, incluso aunque no tengan domicilio fijo.

Solo quedan fuera quienes puedan ser expulsados del país, quienes no aporten la información requerida por el banco para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y aquellos que puedan perjudicar a los «intereses de la seguridad nacional o de orden público».