La crisis ha dejado tocada la imagen del Banco de España, en otro tiempo una de las instituciones más respetadas de España. Su gestión en los últimos 17 años ha recibido todo tipo de ataques por parte de, entre otros, los partidos políticos, los sindicatos, las entidades financieras y sus propios inspectores. Su respuesta ha sido tradicionalmente defensiva, pero el gobernador, Luis María Linde,abrió la puerta el pasado febrero a una nueva actitud al admitir que la institución ha podido cometer "errores" y anunciar la elaboración de un informe para explicar su "actuación" . La publicación del documento este viernes, sin embargo, ha defraudado las expectativas de que hiciera por fin autocrítica.

A lo largo de 257 páginas, coordinadas por el consejero Fernando Eguidazu (secretario de Estado del Ministerio de Exteriores en el anterior Gobierno de Rajoy), el supervisor financiero se ha limitado a mantener un "enfoque descriptivo" con un "tono neutral". "Naturalmente se podrían haber hecho más cosas a nivel del Banco de España, del Gobierno, de Europa,... A toro pasado todos sabemos qué se hizo bien y mal. Se puede decir que el Banco de España pudo hacer más, no que no hizo nada. Pero no es un informe sobre su gestión, sino sobre la crisis. Hay una comisión de investigación en el Congreso, serán ellos los que valoren quién lo hizo bien y mal", han alegado fuentes del organismo.

Así, el documento, previsto inicialmente para finales de abril, es básicamente narrativo y técnico, aunque incluye algunas críticas a los distintos Ejecutivos del periodo 2008-2014, lamenta la falta de instrumentos legales con que tuvo que lidiar el Banco de España y defiende que, pese a ello, tomó básicamente todas las medidas que estaban a su alcance. La publicación es, curiosamente, mucho más tibia de lo que fue Linde en febrero. "No tengo ninguna razón para pensar que el Banco de España no actuase en función del interés general y respetando la normativa vigente en cada momento. Pero esto no quiere decir, naturalmente, que acertase siempre, que adoptase siempre las decisiones óptimas", admitió en una cartaen respuesta a un editorial crítico de 'El País'.

ADVERTENCIAS Y CRÍTICAS

El documento, en cambio, no admite esos errores. Sostiene, en esta línea, que el Banco de España identificó los "desequilibrios" que estaba acumulando la economía española en la fase de bonanza previa a la crisis y lanzó "advertencias". Es cierto, reconoce, que esperaba una "desaceleración progresiva" de la economía que no se produjo, pero, alega, se debió a factores externos (las 'subprime') y las previsiones del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Europea y de la OCDE tampoco acertaron en ese momento ni cuando se produjo la segunda recesión en el 2011.

Los autores sí critican, en cambio, que la política económica del periodo 2000-2007 (Gobiernos de Aznar y Zapatero) fue "claramente insuficiente" para contrarrestar los problemas que se estaban generando, que las reformas también fueron "insuficientes" y que la política presupuestaria no fue "lo suficientemente contracíclica". Eso sí, en parte lo achacan a la falta a nivel internacional de mecanismos para la identificación temprana de riesgos financieros sistémicos y herramientas de respuesta, "especialmente acuciante" en el caso de la Unión Europea por su "arquitectura institucional incompleta".

MEDIDAS PESE A LAS DIFICULTADES

Frente a ello, argumenta, el Banco de España, "en el marco de sus competencias", tomó medidas como las provisiones anti-cíclicas (26.000 millones de euros, de los que 7.000 millones redujeron la necesidad de ayudas en entidades rescatadas) y la prohibición de tener vehículos de inversión estructurados fuera del balance de los bancos (que evitó el contagio de las 'subprime'). También afirma que lanzó "recomendaciones y reflexiones" a los bancos sobre los riesgos que asumían. "Puede plantearse la pregunta de si se podría haber actuado de forma más enérgica", admite antes de puntualizar que la regulación internacional dificultaba adoptar medidas más rotundas y que la situación de los bancos y la evolución de la economía "sustentaron la opinión" de que las entidades "podrían hacer frente" a la situación.

El informe también se justifica en que las normas internacionalesde contabilidad y solvencia aprobados en aquellos años (NIC y Basilea II) complicaron su actividad supervisora, como también lo hicieron los "intereses políticos" que rodeaban a las cajas. Las comunidades autónomas, recuerda, las consideraban un "instrumento relevante en su actuación política y económica" y perseguían "ejercer un control" sobre la misma. El cambio de su estructura aprobada por los Gobiernos durante la crisis, añade, fue "tardío e insuficiente".

DESDE LA GUERRA CIVIL

A ello, prosigue, se sucedió una recesión "no vista en España desde la Guerra Civil". La lentitud con que se afrontaron los problemas de las entidades ha sido muy criticada. Pero el Banco de España alega que "no se disponía de las herramientas legales actuales para aplicar procesos de resolución" y defiende las controvertidas fusiones frías o SIP que impulsó en un primer momento, ya que permitían superar la "resistencia importancia" que se produjo en las comunidades a la desaparición de las cajas. Las fuentes han argumentado, asimismo, que si no se hubiera producido la segunda recesión, las entidades "hubieran salido adelante". El documento pasa de puntillas sobre la crisis de Bankia debido a que está "sub judice" (en la Audicencia Nacional) . Así, viene a afirmar que su debacle tras la ampliación de capital del 2011 se debió a la crisis de la deuda soberana europea y a la segunda recesión que provocó en España.

A partir de ahí, enumera las distintas medidas que adoptaron el Banco de España y el Gobierno hasta el 2015, año en que finaliza su análisis. Y concluye que la prueba de estrés que hizo el Banco Central Europeo a la banca continental ese año mostró que, gracias al proceso de saneamiento, reforma y re-estructuración llevado a cabo en España desde el 2008, las entidades "contaban con una situación de partida que les permitía afrontar los restos a corto y medio plazo con unos balances y una posición de solvencia adecuados". Algo que la reciente debacle del Popular ha puesto en entredicho.