El bono social, que supone un descuento de hasta el 100% en la factura de la luz para los hogares con menos recursos, se encamina a perder hasta un 58,4% de sus beneficiarios. Cuando el Gobierno de Rajoy cambió su regulación en octubre del año pasado, unas 2,44 millones de familias recibían esta ayuda, el 13,2% de las que hay en España. Según estimaciones de las compañías eléctricas, el próximo 8 de octubre, cuando finaliza el plazo para apuntarse al nuevo sistema, el número de perceptoras habrá caído a entre 1 y 1,1 millones, en torno al 5,4% del total. El brusco descenso supone que cientos de miles de hogares recaigan en la pobreza energética, lo que ha alarmado al Ministerio de Transición Ecológica. El departamento que dirige Teresa Ribera prepara medidas para tratar de alcanzar al menos los 1,5 millones de beneficiarios, además de no descartar ampliar dicho plazo para aumentar más la cifra.
La evolución de los perceptores pone en evidencia el fracaso del sistema creado por el anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal. Cuando aprobó el cambio del modelo, calculó que beneficiaría a 2,5 millones de hogares. Esta cifra ya partía de la asunción de que solo el 45% de los 5,5 millones de potenciales beneficiarios que cumplían los requisitos pediría acogerse a la ayuda, pues juzgaba «improbable que la totalidad» de ellos la solicitase. En marzo, el Gobierno de Rajoy se vio obligado a prorrogar en seis meses el final del plazo, previsto inicialmente para principios de abril, ya que al cierre de febrero solo 108.028 consumidores estaban adscritos al nuevo sistema. A finales de mayo, la cifra apenas había subido a 542.733 y, según las estimaciones de las eléctricas, actualmente ronda los 650.000.
El departamento de Nadal aseguró que el bono iba a ser «más que suficiente» para proteger a «todas las personas con riesgo de pobreza energética». Así, argumentó que Eurostat, la institución estadística de la Unión Europea, mide esa pobreza según el porcentaje de población que tiene atrasos en el pago de sus suministros energéticos (9% en España) y que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada (10%), con lo que unos 4,5 millones de personas estarían en esa situación en el país.
CULPA DE NADAL / Teniendo en cuenta que hay 2,5 personas por hogar y que el Ministerio preveía 2,5 millones de familias beneficiadas, eso suponía que 6,25 millones de personas iban a estar cubiertas. Sin embargo, si finalmente son un millón, solo habría 2,5 millones de ciudadanos beneficiados, con lo que dos millones quedarían desprotegidos. Las compañías culpan de la situación al anterior Gobierno. «Está mal diseñado», resume un alto ejecutivo de una de las principales empresas. Las eléctricas tramitan las solicitudes, pero es el Estado el que valida que los usuarios tienen derecho a la ayuda. La tasa de aceptación no es mala, ronda el 70% de las solicitudes, pero las compañías critican que la cifra de beneficiarios es baja por culpa del complejo proceso creado por Nadal. «La administración es lenta, los requisitos son poco claros y el Gobierno no ha dado prácticamente información a los potenciales candidatos», explica otro directivo.
Ribera ha tomado cartas en el asunto. «El porcentaje de acogidos al nuevo sistema es ridículo», lamentó hace unos días tras criticar las «grandes dificultades burocráticas» para pedirlo. Fuentes del ministerio explican que el Gobierno simplificará los trámites para hacerlos más accesibles y ampliará el colectivo de beneficiarios con un nuevo grupo. Ahora existen tres: consumidores vulnerables (25% de descuento en la factura), vulnerables severos (40%) y en riesgo de exclusión social (100%). Su idea es crear un cuarto tipo, al que en principio llamará de pobreza energética y en el que incluirá a hogares con pocos recursos pero en una situación algo menos grave.
Además, lanzará en septiembre y octubre una campaña de publicidad en radio y televisión que el anterior Ejecutivo no puso en marcha pese a haberla anunciado y con la que espera llegar al menos a los 1,5 millones de hogares. En paralelo, estudia cómo financiarlo y cabe la posibilidad de que lo asuma el Estado. Actualmente lo hacen las eléctricas tras un cambio legal aprobado por el anterior Gobierno, pero las empresas lo han llevado a los tribunales y la justicia ya les ha dado la razón en ocasiones anteriores.
