Las implicaciones ante la próxima cita electoral del 26 de junio han terminado pesando más que los malos resultados y la Comisión Europea ha decidido aplazar hasta primeros de julio la decisión de activar, o no, el procedimiento sancionador contra España por incumplir en el 2015 sus objetivos de déficit público. La Comisión Europea también ha decidido este miércoles conceder un año más a España, hasta el 2017, para situar el déficit por debajo del 3% del PIB, si bien a cambio de acometer un duro ajuste estructural de unos 8.200 millones en dos años.
"Se ha llegado a la conclusión de que ni en términos económicos ni en términos políticos este es el momento de adoptar estas medidas", sobre una posible multa a España por la fuerte desviación del déficit público en el 2015 (hasta el 5% del PIB, unos 8-600 millones por encima del objetivo marcado del 4,2%), ha dicho el Comisario de Economía, Pierre Moscovici, en rueda de prensa. "Pero a principios de julio volveremos a plantearnos la cuestión", ha añadido. Será entonces cuando la Comisión Europea valore si activan el artículo 126.8 del Tratado que lanza el proceso sancionador.
El comisario ha explicado que ante la convocatoria de elecciones generales en España el 26 de junio, "no tenemos delante un Gobierno capaz de adoptar las medidas necesarias". Además, Moscovici ha subrayado la conveniencia de no restar impulsos al crecimiento económico. “Las reglas tienen que garantizar disciplina" pero “no se elaboraron para poner trabas a la recuperación económica”, ha justificado el comisario, subrayando así que este tipo de decisiones “no son decisiones fáciles de tomar" y que "sea cual sea la decisión que se tome al final es criticable, como un guante al que se puede dar la vuelta”.
UN AÑO MÁS PARA EL DÉFICIT
Moscovici ha confirmado la decisión de la Comisión Europea de conceder un año más a España, hasta el 2017, para cumplir el objetivo de situar el déficit por debajo del 3% del PIB. También a Portugal se le ha dado un año más (en este caso, hasta el 2016). "Proponemos plazos nuevos para que puedan corregir sus déficits excesivos de una manera realista", ha explicado.
En concreto, Bruselas plantea un objetivo de déficit para España del 3,7% en el 2016 (una décima por encima del objetivo del 3,6% que el Gobierno español había incluído en el Programa de Estabilidad 2016-2019) y del 2,5% para el 2017 (mucho más exigente que el 2,9% previsto por el Gobierno), con la obligación añadida de corregir en 0,25 y 0,5 puntos de PIB cada año el llamadodéficit estructural (con medidas permanentes en el tiempo).
España ha obtenido un año menos de prórroga de la que obtuvo Francia el año pasado (dos años). La razón, según Moscovici, “es puramente técnica y económica” y si al Gobierno de François Hollande se le dieron dos años es porque “basándonos en nuestras previsiones hacia falta ese tiempo para que el deficit bajara por debajo del 3% con el esfuerzo exigido. En el caso de España y Portugal parece creíble que en los años previstos España pueda alcanzar un 2,5% y un 2,3% Portugal".
DURO AJUSTE
En la práctica, pasar de un déficit del 5% del PIB en el 2015 al 2,5% en el 2017 conlleva un duro ajuste de 2,5 puntos del PIB, de más de 27.500 millones en dos años. Una parte muy importante de este ajuste se va a producir por la inercia del crecimiento económico, que conlleva más ingresos y menor gasto en desempleo. Sin embargo, Bruselas exige medidas de ajuste permanente (estructural) equivalentes a 0,75 puntos de PIB en dos años, que equivalente a unos 8.200 millones de euros.
Solo "si España cumple estos objetivos presupuestarios, España puede asumir las decisiones que desee en materia tributaria" ha añadido el vicepresidente de la CE, Valdis Dombrovskis, en respuesta al anuncio del presidente español en funciones,Mariano Rajoy, sobre futuras rebajas de impuestos si vuelve a ganar las elecciones del 26-J.
OFENSIVA DIPLOMÁTICA
El retraso en la decisión sobre una posible multa a España por no haber adoptado en el 2015 acciones signficativas para la corrección del déficit se produce tras la intensa ofensiva diplomática puesta en marcha por el gobierno de Mariano Rajoy para esquivar de momento el proceso que podría desembocar en una sanción máxima del 0,2% del PIB.
El presidente en funciones Mariano Rajoy lleva meses defendiendo que su gobierno cumple con las reglas del Pacto de Estabilidad, que la economía española es de las que más crecen en la Eurozona, que han reducido en más de cuatro puntos el déficit pero que la baja inflación ha impedido cuadrar el círculo. Y tras dos intensas semanas de cartas y llamadas de teléfono, el Ejecutivo comunitario ha optado por seguir las consignas de su presidente y dejar la decisión hasta después de la cita electoral española.
El futuro de Portugal en este terreno va de la mano del de España y el colegio de comisarios también ha decidido aplazar a principios de julio su decisión de si lanzar proceso sancionador o no contra Portugal por el desvío en el déficit público y que podría desembocar en una multa máxima de 360 millones de euros.
Mejor parado sale Italia. Pese a su abultada deuda pública (de más del 130% del PIB) y que el ritmo de reducción no es el adecuado, el compromiso de las autoridades italianas con nuevos ajustes y la exigencia de flexibilidad de Matteo Renzi han pesado en la decisión final. El gobierno italiano tendrá, por ello, hasta otoño para demostrar si cumple lo prometido o no. "En ese momento será cuando examinemos el proyecto de presupuesto italiano que recibiremos en octubre para ver si respeta el objetivo de deuda”, ha añadido Moscovici.
