El comercio electrónico ha multiplicado exponencialmente las oportunidades de negocio de las empresas que han sabido aprovechar las posibilidades que ofrece, pero no todas juegan bajo las mismas reglas del juego. Según ha denunciado este miércoles la comisaria Margrethe Vestager hay compañías que restringen la competencia “al limitar indebidamente las modalidades de distribución” de sus productos en toda la Unión Europea lo que podría limitar las posibilidades de elección de los consumidores e impedir el descenso de precios.
Es la conclusión a la que ha llegado la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea tras la investigación a fondo sobre el sector que ha llevado a cabo durante estos últimos dos años. Según el informe, para el que ha recabado datos de 1.900 empresas en los 28 y ha analizado 8.000 contratos de distribución y licencia, en la última década se ha disparado el número de compañías que se decantan por vender directamente a sus clientes, que utilizan sistemas de distribución selectiva para reforzar su control -también de los precios- y que aplican restricciones contractuales por medio del uso de herramientas de comparación de precios, la exclusión de las redes de distribución de agentes activos solo en el sector electrónico o la obligatoriedad de hacer publicidad a través de determinados canales.
Algunas de estas prácticas, admiten, pueden estar justificadas para mejorar la calidad de la distribución del producto. Otras, sin embargo, “pueden impedir de forma indebida que los consumidores se beneficien de una mayor oferta de productos y de precios más bajos”, avisan. Concretamente, el 53% de los distribuidores que han respondido al cuestionario de la Comisión hacen un seguimiento de los precios de sus competidores en internet y siete de cada diez utilizan algún tipo de programa informático.
El resultado es que es mucho más fácil detectar desviaciones en los precios recomendados lo que podría llevar a los fabricantes a adoptar “represalias” contra los distribuidores por desviarse del precio deseado e incluso “podría limitar los incentivos” para que los distribuidores ofrezcan mejores precios a sus clientes. El análisis también alerta de los problemas de la doble fijación de precios para el mismo producto en función del canal de venta -por internet o en tienda- porque podría vulnerar las normas de la competencia.
Aunque algunas empresas como Mango, Oysho y Pull&Bear, Dorothy Perkins y Topman así como De Longhi han revisado, según ha felicitado Bruselas, sus prácticas comerciales, advierten que la información obtenida servirá en el futuro para lanzar nuevos expedientes e investigaciones. En febrero pasado, Bruselas ya abrió tres investigaciones separadas sobre una posible fijación de precios en los sectores de los alojamientos de vacaciones, la distribución de videojuegos para ordenador y la electrónica de consumo.
Geobloqueo en los contenidos digitales por contrato
La investigación también ha examinado los contenidos digitales con una conclusión central: el 68% de los proveedores de servicios audiovisuales restringen el acceso al contenido digital dependiendo del Estado miembro en el que se encuentra el usuario y el 59% lo hacen por contrato con los titulares de los derechos. Una práctica habitual en el caso de las series de televisión, las películas y los acontecimientos deportivos. La Comisión admite que la legislación ampara el geobloqueo geográfico si esta justificado por diferencias en el IVA u otras razones de interés público.
