La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de 98,2 millones de euros a 39 empresas y tres patronales de gestión de residuos y saneamiento urbano, tras realizar una de sus investigaciones "más complejas por el número de empresas y la amplitud de los sectores y ámbitos de actividad" implicados. Entre los multados, figuran los grandes grupos constructores y de servicios, como ACS (23,2 millones), FCC (16,8 millones), Sacyr (15,2 millones) y Ferrovial (13,6 millones).

"Habían creado a lo largo de los años un entramado soportado por los contribuyentes", explican fuentes del organismo tras subrayar que estas compañías tenían pactos para evitar la entrada de nuevos competidores y acuerdos de precios que perjudicaban a los ayuntamientos que sacaban a concurso los servicios de recogida de residuos industriales y de recuperación del papel y el cartón, así como de saneamiento urbano. La operativa, que no funcionaba de forma centralizada, ha sido "extensa geográficamente y en el tiempo" y consitía en repartirse los clientes y las licitaciones públicas.

"Se repartían los clientes (públicos y privados) y fijaban pautas de actuación para que cualquier empresa que quisiera entrar en un mercado intentase no molestar a los que ya estaban operando o no quitarles clientes. Las asociaciones aconsejaban no importunar. Es como si funcionara un cártel", explican las fuentes. Las sanciones son equivalentes al 3% de la facturación de las compañías, pero ponderado por algunos aspectos como el grado de participación y el tiempo en que ha estado beneficiándose.

Tirando del hilo

La investigación arrancó a comienzos del 2012 cuando durante una inspección a unas empresas de residuos sanitarios de Baleares, la CNMC recopiló información que le permitió empezar a tirar del hilo. Así se han logrado acreditar "decenas de conductas" contrarias a la normativa de competencia que han afectado a ayuntamientos de todos los tamaños. Un ejemplo es el de Madrid, que por un acuerdo entre ACS, FCC y Ferrovial vio como se quedaba desierto un concurso de 542 millones por el bajo precio ofertado, con lo que tuvo que dejar el servicio a FCC, que ya lo estaba operando.

Las fuentes de la CNMC explican que la existencia de este tipo de prácticas en muchos sectores de la economía española "es obvia, lo difícil es demostrarlo". Muchas de las conductas han podido ser acreditadas mediante mails internos, en que los se leen comentarios del tipo de "con esa empresa estamos en un periodo de no agresión" o "esa empresa es tuya, ¿no?". Desde el organismo se admite que el perjuicio económico causado podría ser mayor que la sanción impuesta y se lamenta que los tribunales rebajen en muchos casos sus multas: "Si no se paga no hay daño y si no hay daño no hay disuasión".