El pleno del Congreso aprobó esta noche una moción del grupo de Ciudadanos para que el Gobierno exija a todos los que regularizaron sus fondos opacos en la amnistía fiscal del 2012 paguen el 10% del dinero florado que tenía en el extranjero y no el 3%, que pactaron con Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.
La moción ha sido apoyada por todos los grupos de la oposición, pero el PP se ha abstenido ya que Ciudadanos no aceptó sus enmiendas que iban a descafeinar el texto inicial. Para empezar el PP discrepaba con que haya que reclamar el 10% sobre unas cantidades de hace años ya que, en su opinión, ese delito ya ha prescrito. Además quería eliminar la referencia a que la Agencia Tributaria iniciara procedimientos para investigar a los amnistiados y presentar denuncias judiciales en caso de que se observen prácticas de blanqueo de dinero.
Uno de los puntos de la moción del partido de Albert Rivera señala que antes del 30 de noviembre (este miércoles) el Gobierno emprenda actuaciones para que los delitos no prescriban. La razón estriba en que esa es la fecha límite para considerar el delito prescrito, según la oposición política y los técnicos de Hacienda representados por Gestha.
UNA CARTA SIN EFICACIA LEGAL
El ministro Montoro envió la semana pasada una carta a todos los que se acogieron a la amnistía fiscal recordándoles que el fraude seguía vivo pese a que hubieran regularizado el dinero opaco. Hace una semana, en respuesta a la interpelación de Ciudadanos, Montoro reiteró que no había prescripción alguna. Sin embargo, tanto Ciudadanos como el resto de los partidos dudan de que así sea porque como han dicho sus portavoces en el debate, "sin acuse de recibo" esa carta no tiene ninguna validez jurídica.
Todos los grupos de la oposición han apoyado la moción pero han alertado a Ciudadanos de que el Ejecutivo les ha "toreado" y "timado" porque ha estado retrasando la cuestión hasta horas antes de que se cumpliera el plazo del 30 de noviembre.
Para el partido de Albert Rivera esta ha sido una cuestión clave en su alianza con el PP para la investidura de Mariano Rajoy y casi condición imprescindible para apoyar el proyecto de Presupuestos general del Estado para el año que viene.
SIN RECAUDAR
La amnistía fiscal lleva fecha del 2012 y el plazo para aflorar dinero finalizó el 30 de noviembre. Alrededor de 30.000 defraudadores se acogieron a estas ventajas y afloraron 40.000 millones de euros, aunque Hacienda recaudó apenas 1.200 millones. Según Ciudadanos quedan por recaudar unos 2.800 millones.
En la misma línea, el colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) pide que se investigue a estos contribuyentes amnistiados al tratarse de un colectivo con riesgo de evasión fiscal. Además solicitan que la Agencia Tributaria realice una selección de las 29.065 personas y 618 sociedades amnistiadas para que se incluyan en el plan de inspección a los contribuyentes con mayor patrimonio aflorado, que ya reconocieron haber evadido de forma masiva durante años.
De hecho, hasta la fecha se ha detectado una deuda de 238 millones en actas de inspección al 11,5% de los amnistiados, lo que representa un índice "muy elevado" de incumplimiento en este colectivo.
