La batalla contra el recorte a las energías renovables se endurece. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) y la Fundación Renovables han inciiado el proceso para denunciar ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción el recorte a las energías renovables llevado a cabo por el Gobierno del PP.
Esta organizaciones sociales, que i ician un periodo de recogida de firmas y de exñlicación los partidos políticos para que se adhieran al proceso, entienden que se puede haber producido un delinto de presunta "prevariación" por parte del ministerio de Industria por el ajuste, que consideran marcado por la "arbitrariedad" y la "falta de respaldo técnico". Los dardos de ambas entidades se dirigen especialmente al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.
El "hachazo" sufrido por el sector, que cifran en unos 3.000 millones de euros anuales, ha dejado al margen a las grandes compañía eléctricas, denuncian.
La denuncia se dirige contra la orden IET/1045/2014, de 16 de junio que consta de 1.700 páginas en las que, según el ministerio, se pretendía homogeneizar la rentabilidad de todas las instalaciones afectadas.
La propia Abogacía del Estado recomendó al ministerio de Industria que encargara informes técnicos para avalar la metodología de cálculo. El presupuesto de contratación fue de 595.000 euros más IVA para las consultoras Roland Berger y Boston Consulting. Pero los estudios nunca se utilizaron, según la plataforma y la fundación.
Los denunciantes afirman que el proceso "ha carecido de la más elemental transparencia". No fue hasta que el Tribunal Supremo requirió información al Gobierno que se empezaron a conocer detalles. Entre los datos que contiene el escrito destaca que los informes, que no se utilizaron ni se presentaron hasta varios meses después de aprobar la normativa, se adjudicaron "a dedo".
La Px1NME está integrada por personas, colectivos sociales, organizaciones ambientales, partidos y sindicatos. Esta entidad fue una de las promotoras para una recogida de firmas para denunciar que los gobineros socialista y popular dejaron de exigir a las eléctricas más de 3.000 millones cobrados de más entre 1998 y el 2006 en concepto de los denominados costes de transición a la competencia (CTC). La Fundación Renovables, por su parte, también cuenta con personas y entidades defensoras de un modelo energético limpio.
