Nuevos nubarrones se ciernen sobre las cuentas públicas. España acumula al menos 27 denuncias en organismos arbitrales internacionales como el Ciadi , del Banco Mundial, o Uncitral (ONU) con reclamaciones que superan como mínimo los 3.500 millones de euros, aunque algunos analistas las llegan a situar en torno a los 6.000 millones.

Tras el primer dictamen del Ciadi contrario a España y a favor de las peticiones del fondo de inversión británico Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg, que inviertieron casi 1.000 millones en doscentrales termosolares en las provincias de Ciudad Real y Badajoz, crecen las opciones de que caigan nuevas resoluciones en contra del Ejecutivo español.

Fondos internacionales especializados en financiar pleitoshan comenzado a analizar las posibilidades de entrar en este negocio tras el dictamen del Ciadi que se conoció la semana pasada. Uno de ellos, el británico Therium Group Holdings Litigation ya lo hizo el verano pasado al hacerse cargo de 100 denuncias de dueños de gasolineras contgra Repsol, Cepsa y BP por fijar directa o indirectamente los precios de venta en las estaciones de servicio.

Todo ello se produjo tras los dictámenes de la antigua Comisión Nacional de Competencia (CNC) y expedientes posteriores por estas prácticas, además de una directiva europea, la 2014/107/UE de daños, que se tenía que trasponer en España.

Y es que estos fondos trabajan sobre seguro. Financian pleitos de este tipo, que pueden costar en torno a tres millones de euros, y, en caso de ganar la demanda, se quedan una parte de la cantidad reclamada, explica Jorge Morales de Labra, experto del sector energético y vicepresidente de la Fundación Renovables.

El Gobierno del PP ya introdujo una disposición en el proyecto de ley de los Presupuestos del Estado para el 2017 que autorizaba a emplear el superávit obtenido en el sistema eléctrico para financiar sentencias judiciales.

IMPUESTOS Y TARIFAS

Tras conocerse la decisión del Ciadi, el PP introdujo una enmiendaque amplía esa posibilidad a los laudos, explica Morales de Labra. Esa es una vía para evitar el pago a través de los presupuestos públicos (a partir de los impuestos que pagan los ciudadanos),con el riesgo de dinamitar el objetivo de déficit público; o con cargo al sistema, es decir, encareciendo las tarifas de los usuarios.

El problema es que la disposición que se ha incluido en las cuentas públicas contraviene o, como mínimo, exime al Gobierno de cumplir laley eléctrica que promovió este mismo Ejecutivo en el 2013, según la cual, los superávits se destinarán a compensar desajustes de años anteriores y deudas pendientes. El excedente que se ha obtenido desde el 2014 supera los 1.200 millones y la deuda pendiente del sistema a 31 de diciembre pasado superaba los 23.000 millones, según los datos de la CNMC.

A lo largo de los últimos años, se han invertido en España unos 40.000 millones de euros en este sector, de los que unos 12.000 millones procedieron de fondos, que son actualmente los más activos en recurrir a los organismos arbitrales internacionales.

El laudo reciente del Ciadi rechazó incluir en el reconocimiento de las reclamaciones del fondo británico que ha ganado el arbitraje las pérdidas como consecuencia de los recortes que inició el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con Miguel Sebastián como ministro de Industria; y como base del cáculo ha concedido 25 años de vida útil y no los 40 que exigía el titular de las plantas termosolares. Al final reconoce 128 de los 300 millones que reclamaba.

La resolución torpedea las medidas acordadas por el Ejecutivo deMariano Rajoy con el anterior ministro de Industria, el dimisionarioJosé Manuel Soria; y su secretario de Estado de Energía de entonces, Alberto Nadal, actual secretario der Estado de Presupuestos y hermano gemelo del titular de la nueva cartera de Energía, Álvaro Nadal, sobre la que recaerán todas las resoluciones que pueden ir cayendo contra lel hachazo asestado a la retribución de las energías renovables.