El Estado no ampliará los plazos de concesión de la explotación de autopistas de peaje por parte de empresas privadas que vencen entre los próximos tres y cinco años, de forma que "se quedará con ellas" para "en su momento, decidir la mejor forma de explotarlas". Así lo aseguró el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que no concretó la fórmula que el Estado baraja para gestionar a partir de entonces las vías, esto es, si las explotará directamente o bien sopesa volver a sacar a concurso la concesión de su gestión.

"Fomento no contempla a corto plazo prorrogar los plazos de concesión de ninguna autopista", aseguró De la Serna. "La previsión es que cuando venza el plazo, la autopista revierta al Estado, que decidirá en ese momento la forma de explotarla", añadió. El ministro se pronunció de esta forma en el pleno de control al Gobierno del Congreso al ser preguntado por las autopistas de Catalunya, si bien hizo extensiva su respuesta a todas las vías en la misma coyuntura.

El grupo de autopistas de peaje que culminan en los próximos años el plazo por el que en su día se contrató con empresas privadas su construcción y posterior explotación son la AP-1 Burgos-Armiñón, que vence en 2018, la AP-7 Tarragona-Alicante y la AP-4 Sevilla-Cádiz, en 2019, y dos tramos de la AP-7 (La Jonquera-Barcelona y Barcelona-Tarragona), en 2021. Abertis e Itínere son las compañías que actualmente tienen su concesión.

Íñigo de la Serna reconoció que ya ha iniciado contactos con los bancos acreedores del grupo de ocho autopistas de peaje en riesgo de liquidación con el fin de retomar la negociación del plan de rescate de estas vías que el Ministerio planteó en marzo del 2014 y que entonces no prosperó. "Es una cuestión francamente muy difícil, pero seguiré intentándolo y, de hecho, ya he iniciado contactos", aseguró De la Serna durante su intervención en el pleno del control al Gobierno del Congreso. El ministro recordó que el plan pasa por reestructurar con una quita la deuda de 3.400 millones de euros que soportan estas vías para posteriormente integrarlas en la sociedad pública estatal Seittsa.