La Eurocámara quiere un sistema de homologación de vehículos mucho más robusto, que garantice un mayor control sobre aquellos modelos ya en circulación en las carreteras europeas, que dé más poderes al Ejecutivo comunitario para verificar que los Estados miembros hacen su trabajo y que permita imponer sanciones más duras a aquellos fabricantes que falsifiquen los resultados de los test de emisiones. Es su respuesta al escándalo del 'dieselgate', destapado en septiembre de 2015, y la postura que intentarán imponer ahora a los gobiernos europeos.

El proyecto de ley, que ha salido adelante en el pleno con 585 votos a favor, 77 en contra y 19 abstenciones y apoya las intenciones de la Comisión Europea, será la posición que defenderá la Eurocámara ante el Consejo, la institución que representa a los Estados miembros, durante la tramitación de las nuevas reglas para evitar que se repitan escándalos como el de los dispositivos fraudulentos instalados en 9 millones de vehículos Volkswagen en Europa.

El mecanismo planteado desde la Eurocámara pretende obligar a los gobiernos a aumentar los controles sobre laboratorios y autoridades responsables de comercializar nuevos vehículos; aexaminar cada año al menos el 20% de los nuevos modelos de coche comercializados en el ejercicio previo; y, en el caso de que los fabricantes falsifiquen resultados, a imponer multas de hasta 30.000 euros por vehículo, unos ingresos que proponen utilizar para apoyar la vigilancia del mercado y proteger el medio ambiente.

NUEVAS RECOMENDACIONES

La aprobacion de las reglas coincide con la adopción de las recomendaciones de la comisión de investigación creada hace un año para investigar el escándalo Volkswagen. Un informe muy crítico con la actuación de Bruselas y de los gobiernos de la UE, que denuncia que ambos actores conocían desde hacía más de una década que lasemisiones de óxido de nitrógeno (NOS) de los vehículos diesel eran muy superiores en condiciones reales de conducción que en los test de laboratorio pero que no actuaron ni para impedirlo ni castigarlo.

“Necesitamos una mejor vigilancia del mercado. La cooperación entre Estados miembros y Comisión no ha funcionado. Nadie criticó el uso de esos dispositivos y la mayoría de los países no han introducido un régimen sancionador”, ha lamentado el conservador alemán Jens Gieseke insistiendo en que Bruselas debe tener más competencias y tomar cartas en el asunto.

Según critican, el Ejecutivo comunitario dejó en manos de los Estados miembros la investigación y no presionó lo suficiente para exigir a los gobiernos la imposición de sanciones o la retirada de vehículos. "Se obstaculizó. Incluso cuando surgió el 'dieselgate' se hizo muy poco", ha añadido el coponente, el liberal holandés Gerben-Jan Gerbrendy. En sus nuevas recomendaciones exigen a los fabricantes compensar a los compradores de vehículos afectados y a la Comisión Europea que proponga normas para permitir demandas colectivas ante la justicia. La asociación europea de consumidores (BEUC) ha valorado positivamente el documento y especialmente “la señal clara” de la Eurocámara de que los consumidores deben ser compensados.