Una evolución positiva del empleo, la productividad o la demografía no son suficientes para asegurar el cobro de una pensión digna para los futuros jubilados, según un estudio avalado por FEDEA, fundación de estudios de corte liberal patrocinada por los grandes bancos y empresas, que propone blindar la pensión mínima y vincularla de nuevo a la evolución del índice de precios de consumo (IPC).

El estudio firmado por los profesores Angel de la Fuente, Miguel Ángel García y Alfonso Sánchez, se une al debate abierto sobre el futuro de las pensiones y ratifica la "previsible pérdida de poder adquisitivo" que las pensiones sufrirán de forma continuada durante toda la vida del pensionista debido al índice de revalorización. Estos expertos aseguran que dicho índice, que se aplica desde la reforma del PP del 2013, no va a subir por encima del mínimo previsto del 0,25% hasta el 2060, lo que supone una "cuasi congelación", en palabras de De la Fuente.

Al mismo tiempo se prevé que los precios crezcan el 2% o más anualmente en las próxima décadas, por lo que los actuales pensionistas y los futuros seguirán perdiendo poder de compra, como ya sucedió en el 2016 desde que la inflación volvió a crecer y la revalorización no tienen en cuenta el IPC.

NO DEROGAR

"Políticamente ese escenario es difícilmente sostenible" afirma De la Fuente, que aporta estas reflexiones al debate de una futura reforma pero advierte del "desastre" de derogar las vigentes porque el gasto de estas prestaciones se dispararía entre el 2017 y el 2057 una media anual de 5,3 puntos del PIB, el equivalente a una subida del 70% en el IRPF.

Blindar la pensión mínima y revalorizarla con el IPC es una solución con un coste menor que otras, según el estudio. Durante los próximos 40 años su coste supondría cuatro décimas (unos 4.000 millones de euros) de Producto Interior Bruto (PIB) que habría que financiar con impuestos adicionales, aunque Fedea no explica cuáles. Para ello el IRPF tendría que aumentar su recaudación en un 6% lo que sería "un coste aceptable", dicen los expertos. Sin embargo, rechazan que todas las pensiones vuelvan a indexarse al IPC, como ocurría antes, porque se necesitaría un aumento de la recaudación del citado impuesto del 36% en las próximas cuatro décadas.

VIUDEDAD Y ORFANDAD

Tampoco son partidarios de aumentar las cotizaciones sociales, como proponen los sindicatos mayoritarios o de un impuesto especial para financiar algunas pensiones, como las de viudedad yorfandad. A los cerca de 25.000 millones de euros que supones estas, habría que añadir los 12.000 millones en que FEDEA calcula la incapacidad permanente, pero todo ello significaría más presión fiscal que rechaza de plano este foro de debate.

Para que el sistema sea viable y el deterioro tenga límites, FEDEA considera que se debe dar una conjunción de factores positivos, sobre todo, que se cree empleo y aumente la productividad. En todo caso, los bajos salarios suponen un obstáculo por su aportación baja en forma de cotizaciones sociales. En este sentido, FEDEA introduce el elemento de la emigración para paliar los efectos negativos.

Aunque se retrase la edad de jubilación, como hace unos días propuso el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, el profesor Alfonso Sánchez reconoce que "es más difícil crecer (la economía) con poblaciones más envejecidas".

Para el profesor De la Fuente la clave también está en el aumento de la productividad, lo que servirá para paliar la pérdida de poder adquisitivo.