La Fiscalía recurrirá la decisión del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid de inhibirse a favor de la Audiencia Nacional en la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por cinco delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes, al no ver vínculos con el caso Bankia.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los periodistas la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que hoy se reúne en Barcelona con los miembros de la Fiscalía Provincial de Barcelona y de la Fiscalía Superior de Cataluña, para conocer de primera mano las necesidades de medios materiales y personales y sobre las cargas de trabajo del Ministerio Público.

Ayer el titular del juzgado número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, se inhibió a favor del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, quien a su vez investiga al exjefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) en los sumarios que estudian la cuestionada salida a bolsa de Bankia y el uso de las llamadas tarjetas black por parte de sus exconsejeros.

El magistrado solicitó la inhibición tras considerar que existen nexos entre los actuales problemas judiciales de Rato y los dos procedimientos por los que Andreu ya le ha imputado. Aún así, el togado de la Audiencia deberá decidir si comparte el criterio. Aunque los primeros indicios apuntan que puede haber interconexiones y por tanto lo lógico sería que asumiera el caso, fuentes jurídicas alertan de que Andreu también puede considerar que son delitos autónomos y rechazar la causa. En este caso, sería el Tribunal Supremo el que resolvería la competencia del caso, teniendo en cuenta la controversia que se abriría si resolviese que la detención de Rato y el registro de su casa y despacho, contado en vivo, en directo y al detalle por los medios de comunicación, fue efectuada por un juez que no era competente.