En épocas de bonanza, las comunidades autónomas podrán aportar parte de sus recursos a un fondo de reserva para garantizar la adecuada prestación de servicios públicos esenciales, como educación y sanidad, en tiempos de crisis. Esta es una de las cuestiones en las que parece haber cierto consenso entre los representantes de los gobiernos autonómicos que participan desde noviembre en el grupo de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para la reforma del modelo de financiación.

Hay cierto consenso en el rechazo a aplicar el tramo autonómico colegiado en el IVA y en los impuestos especiales que propusieron los expertos designados por los gobiernos autonómicos para la reforma del sistema de financiación en un libro blanco presentado en julio pasado.

Las autonomías siguen sin ponerse de acuerdo sobre la conveniencia de fijar unos niveles mínimos de tributación en impuestos como el de Sucesiones para evitar la competencia fiscal entre territorios.

Tras más de seis meses de reuniones del grupo de trabajo, el Ministerio de Hacienda ha elaborado un documento de síntesis que fue remitido a los gobiernos autonómicos el lunes y que debe servir de base para la negociación política del nuevo modelo de financiación autonómica. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, prevé reunir a los consejeros autonómicos en el CPFF a finales de mayo o principios de junio con este texto sobre la mesa.

Se trata de un texto muy abierto, en el que se dibuja un modelo de financiación autonómica continuista respecto del actual y en el que Hacienda evita tomar partido en ninguna de las cuestiones polémicas. La estrategia elegida por Montoro parece haber consistido en dejar abiertas las cuestiones más espinosas, a la espera de un posible acuerdo en el seno del CPFF que se antoja muy complicado en vísperas de las elecciones autonómicas del 2019. Algunos de los futuros negociadores ya asumen en privado que este año no se logrará negociar un nuevo modelo de financiación.