El Gobierno impondrá la negociación extrajudicial entre entidades financieras y afectados por las cláusulas suelo. El Ejecutivo llevará al Consejo de Ministros del próximo día 13 un decreto mediante el cual se impondrá un solución obligatoria de negociación, aunque eso no significará que los bancos tendrán que devolver el dinero de forma automática. Fuentes financieras explican que el decreto se aleja de la solución de adhesión obligatoria a un protocolo, una alternativa con la que no estaba de acuerdo ni el sector bancario ni el PSOE para establecer como obligatoria la negociación.

El Ministerio de Economía ha explicado que el Gobierno ha decidido poner en marcha un procedimiento extrajudicial en el que se van a regular los "plazos y garantías" con el objetivo de resolver con "celeridad" las reclamaciones y reducir el recurso de acudir a los tribunales. Los detalles se están negociando estos días con los grupos parlamentarios para contar con el apoyo suficiente para sacar adelante el real decreto.

De la negociación extrajudicial podrá derivarse o no un acuerdo. En caso de que no se alcance, los argumentos utilizados por las partes servirán de base para que los jueces dictaminen un fallo en cada caso. Con este procedimiento, que avanza el jueves ABC, se pretende resolver con cierta rapidez las reclamaciones e impedir que se incremente la litigiosidad que impulsan determinados despachos de abogados y asociaciones de consumidores. En caso de acuerdo, el banco deberá devolver el dinero de acuerdo con las condiciones establecidas en la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), que determinó la retroactividad desde la firma del contrato y no desde el 2013, como estableció una sentencia anterior del Tribunal Supremo.

ACERCAR LAS POSICIONES

La medida que prepara el Gobierno se acerca más a la posición que sostienen las entidades financieras, pero también cumple con las expectativas de las asociaciones de consumidores que piden la vía extrajudicial como fórmula para devolver el dinero. El departamento que dirige Luis de Guindos ha dejado de lado, así, su plan inicial de aprobar un código de buenos prácticas similar al que aprobó hace unos años para evitar los desahucios. El PSOE lo consideraba insuficiente por no ser de adhesión voluntaria para los bancos, mientras que las entidades financieras lo rechazaron porque entendían que les obligaba a devolver todo lo cobrado de más por las cláusulas suelo, impidiéndoles estudiar caso por caso para ver si eran abusivas.

Ante la falta de apoyo político, el Gobierno ha decidido trabajar en un proceso extrajudicial como el que le pedían los socialistas. Este procedimiento regulará cómo deben actuar los bancos y los clientes en caso de que intenten llegar a un acuerdo privado para resolver su conflicto, y en este sentido será obligatorio para las entidades (limitará el uso de otras vías). Sin embargo, fuentes del sector apuntan que el Ejecutivo no puede obligar a los bancos a ir por esa vía extrajudicial, con lo que podrán seguir acudiendo al juez si quieren, aunque quedarán retratados de cara a la sociedad.