El grupo Isolux presenta un agujero patrimonial de 3.830 millones de euros, según consta en el informe realizado por los administradores concursales de la compañía, en suspensión de pagos desde julio del 2017. En concreto, la empresa de construcción e ingeniería y las filiales que están en concurso acumulan una deuda total de 5.695,3 millones de euros, mientras los activos para afrontar este pasivo suman un valor de 1.865 millones de euros.

Estas cifras multiplican por cinco las facilitadas por la propia empresa cuando se vio abocada al concurso, momento en que se calculó un agujero patrimonial de 801 millones de euros. En cuanto a las causas de la quiebra de Isolux, la administración concursal la atribuye al «elevado endeudamiento» en que incurrió la compañía para salir al exterior en un intento de sortear la caída de la obra pública en España.

En este sentido, los administradores de Isolux aseguran en su informe que el grupo trató de reducir estos niveles de endeudamiento alcanzando acuerdos con fondos de inversión que no se mantuvieron en el largo plazo, y con dos intentos de salir a bolsa que resultaron finalmente fallidos. Además, los actuales gestores no descartan que caigan también en concurso las filiales de Isolux que aún no lo están.

El consejo de administración de Isolux Corsán aprobó el 4 de julio solicitar el concurso de acreedores para el grupo y seis de sus filiales después de dos años tratando de superar sus dificultades financieras y, en último término, tras no lograr un inversor que entrara en su capital y lo rescatara. Los seis miembros del consejo, empezando por el presidente, Nemesio Fernández-Cuesta, presentaron su dimisión, con lo que la empresa quedó en manos de los bancos acreedores. Dos semanas después el juzgado de lo Mercantil declaró el concurso.

En ese momento, explican los administradores, la situación de caja disponible en España «era muy limitada -apenas para cubrir los pagos operativos de un mes- y las previsiones mostraban que en agosto se producirían tensiones de liquidez». El grupo tenía 119 obras con cartera pendiente de ejecutar, de las cuales estaban activas un 33% (39 obras) y paradas un 67% (80 obras).