+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario de El Periódico Mediterráneo:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
   
 
 

EN LA AUDIENCIA NACIONAL

El juez investiga a la excúpula de Cataluña Caixa por 32 operaciones inmobiliarias

El magistrado ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción y está pendiente la declaración de los exdirectivos

 

NARCÍS SERRA Presidente de Cataluña Caixa entre el 2005 y el 2010. - JUAN MANUEL PRATS / JOAN CORTADELLAS

JESÚS ALBALAT
16/03/2017

El juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Narcís Serra y otros 14 exdirectivos de Cataluña Caixa, acusados de un delito de administración desleal por las irregularidades en 32 operaciones inmobiliarias El magistrado ha abierto una diligencia de investigación y por ahora no ha citado a ninguno de los denunciados.

En concreto, la denuncia es contra el expresidente de Cataluña Caixa, Narcis Serra, y otros 14 exaltos cargos, entre ellos el que fuera director general Adolf Todó, por un delito de administración desleal supuestamente cometido al haber causado un perjuicio de 720 millones de euros en una quincena de operaciones inmobiliarias realizadas entre el 2000 y el 2007. Las irregularidades fueron detectadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) durante la revisión de las cuentas de la entidad. Serra tiene pendiente otro proceso judicial por la aprobación de sobresueldos a directivos cuando la entidad registraba pérdidas.

La denuncia del fiscal Fernando Maldonado expone que durante ese periodo la caja de ahorros "ejecutó una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria" través de su filial PROCAM. Las inversiones no solo se hicieron en España, sino también en Polonia y Portugal.

En la mayoría de los casos el "aval y fiabilidad" que desde la entidad se dio a esos proyectos se otorgó "confiando" en la palabra de los socios copartícipes de las inversiones, sin previos informes externos independientes y "sin realizar el análisis exhaustivo de aspectos tales como la solvencia y capacidad de los asociados y su grado de implicación con aportación de recursos propios" que, en algunos supuestos, "eran poco significativos" en relación al volumen del negocio.

Según la fiscalía, prácticamente todos los proyectos inmobiliarios tenían, en el momento de su aprobación, condicionado su desarrollo a la consecución de trámites urbanísticos "ineludibles" y de "resolución incierta". Algunos terrenos, incluso, eran no urbanizables o estaban afectados por resoluciones legislativas que los calificaban de especial interés, por lo tanto, necesitaban un posterior desarrollo de los "diversos instrumentos urbanísticos para poder construir viviendas". Esto conllevaba "riesgo en la inversión".

SIN VALORACIONES INDEPENDIENTES

Las decisiones de inversión, destaca la denuncia, se sancionaban favorablemente "sin mediar previas valoraciones independientes de los activos" urbanísticos con las que contrastar el precio demandado por los vendedores y sin la confección de informes jurídicos sobre la adecuación de los contratos.

El fiscal subraya que, además, las operaciones se materializaron frecuentemente sin inclusión de cláusulas resolutorias que cubriesen los intereses de la caja y en los supuestos en los que si figuraban "estas no fueron ejecutadas o se evidenciaron insuficientes". El objetivo, incide la acusación pública, era "compensar las cuantiosas pérdidas de valor derivadas de la no concreción de las expectativas urbanísticas iniciales".

Otra anomalía detectada, presente en aproximadamente la mitad de los proyectos, es la existencia de posibles conflictos de interés, pues los activos adquiridos ya eran propiedad del socio copartícipe o de sociedades o personas vinculadas a él. En algunos casos se habían adquirido los solares solo días antes.

La comisión ejecutiva de la caja, además, aprobó proyectos sin tener competencias para ello, ya que por el importe de la operación correspondía hacerlo al consejo administración. La fiscalía también apunta que la decisión del consejo de administración del 29 de abril del 2008 de separación de socios ante la situación de crisis inmobiliaria "fue un error" que supuso un mayor perjuicio.