Los planes de pensiones privados serán "un instrumento más atractivo" a partir de ahora. Ese es el objetivo declarado por el PP y el Gobierno de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, que permiten el rescate de los fondos a los 10 años y rebajan las comisiones. La reforma ha situado al PP y al Gobierno en el ojo del huracán por las críticas de los partidos de la oposición y los sindicatos, que ven en los cambios un premio a las pensiones privadas mientras se encalla la reforma para buscar más ingresos para la Seguridad Social.
La modificación aprobada por el Consejo de Ministros "fomentará el ahorro de los españoles", pues "mejora su liquidez y facilita su uso", según explicó la portavoz de economía del PP en el Congreso, Teresa Palmer. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, también se refirió a que las mejoras introducidas estimularán el desarrollo de esta fórmula de ahorro complementaria para la jubilación, que actualmente tienen suscrita ocho millones de personas con un capital de 106.000 millones de euros.
El real decreto aprobado permitirá a partir del año 2025 liquidar sin limitaciones las aportaciones realizadas durante al menos 10 años a los planes de pensiones, así como los rendimientos generados. Se podrán hacer líquidas a partir de ese año las aportaciones con al menos diez años de antigüedad, es decir, las realizadas hasta el 2015. Las inversiones hechas a partir de 2016 deberán esperar hasta el 2026 y así sucesivamente.
Comisiones más bajas
Además, se sustituye la comisión de gestión máxima de los planes de pensiones, fijada hasta ahora en el 1,5%, por un nuevo sistema de tres tramos en función de las diferentes políticas de inversión de los propios fondos. La comisión máxima de gestión de los fondos de renta fija se reducirá hasta el 0,85%, mientras que en el caso de la renta fija mixta, baja hasta el 1,3%. Para el resto de fondos -renta variable y fondos garantizados-, la comisión de gestión máxima se mantiene en el 1,5%. Con los nuevos porcentajes, la comisión media calculada según la distribución del patrimonio entre los diferentes tipos de fondos baja del 1,5% al 1,25%. A su vez, se reduce la comisión máxima de depósito del 0,25% al 0,2%. Actualmente, las comisiones se comen casi el 50% de las plusvalías generadas en 10 años.
Las críticas arreciaron desde la izquierda al considerar que se desvirtúa la naturaleza de esos planes como instrumentos de ahorro a largo plazo y porque los cambios llegan en un momento en el que la búsqueda de nuevas fuentes de financiación para la Seguridad Social acumula ya un notable retraso debido al bloqueo en el Pacto de Toledo y en la mesa del diálogo social.
CCOO asegura que no era necesaria la modificación que libera el rescate a los 10 años puesto que ya había supuestos excepcionales de liquidez para situaciones de necesidad por desempleo de larga duración y enfermedad grave. El sindicato advierte de que, en lugar de promover las pensiones privadas, la prioridad debe ser garantizar el sistema público "reforzando su estructura de ingresos vía cotizaciones y aportaciones adicionales".
Mantra de la privatización
Para UGT, el apoyo del Gobierno a los planes privados "castiga" las pensiones públicas, que a su juicio deberían ser la "prioridad" del Ejecutivo, al que culpa del "altísimo déficit" al que ha llevado a la Seguridad Social, que ronda los 20.000 millones anuales. Asimismo, avisa de que la posibilidad de rescatar los fondos provocará que se gasten durante situaciones de crisis y que ya no estén disponibles durante la jubilación.
El PSOE vincula las medidas aprobadas con el "mantra constante del PP": Privaticemos todo lo que podamos". La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha acusado al Ejecutivo del PP de pretender convertir en "negocios privados" lo que para los socialistas son "derechos fundamentales". Y eso, ha dicho, es "retrotraer este país 100 años para atrás". Este tipo de iniciativas por parte del Gobierno de Mariano Rajoy les suenan al PSOE a "más de lo mismo", a "un intento nefasto de provocar inseguridad a la gente".
Incluso Ciudadanos, que apoya las medidas de impulso de la previsión social complementaria, ha pedido que el debate de las pensiones se afronte de manera global sin "parches" ni "ocurrencias".
