Invisibles y sumidos en la precariedad. A pesar de representar casi el 10% de los pensionistas de España, los menores de 65 años que tienen que vivir con una pensión a causa de una enfermedad crónica se sienten olvidados por las instituciones. Entre ellos, más de 58.000 pensionistas menores de 45 años viven una situación especialmente vulnerable: tienen que sobrevivir con menos de 650 euros mensuales.
Su dolencia les impide trabajar, por lo que se ven abocados a vivir con los escasos ingresos que reciben de su pensión y obligados a recurrir a la ayuda familiar. Además, tienen que superar cientos de obstáculos para conseguir la incapacidad y, durante ese proceso, su condición es la de parado, por lo que deben subsistir con el subsidio de desempleo primero y las ayudas asistenciales después.
Una vez reconocida la incapacidad el panorama para ellos no resulta el es más halagüeño: la mayoría de las pensiones de este tipo, concretamente más de la mitad (562.564 del total de 952.465), corresponden a incapacidad permanente total, que tienen una cuantía media de 759,73 euros.
MÁS MEDIDAS / Estas cifras, recogidas por la Unión Sindical Obrera (USO) en el informe Situación laboral de la juventud en España, que fue presentado ayer, ponen de manifiesto la necesidad de adoptar «medidas legislativas» para proteger a este colectivo. Concretamente, el sindicato USO reclama la «supresión no solo el copago farmacéutico, sino la inclusión de los tratamientos necesarios para mantener una calidad de vida».
Sin embargo, estas no son las únicas reivindicaciones de este colectivo, que cada vez que surge el debate sobre el sistema de pensiones alza la voz para exigir una revalorización por encima del Indice de Precios al Consumo (IPC) para garantizar el poder adquisitivo.
COLECTIVO INVISIBLE / Toni Montserrat, fue diagnosticado de una leucemia crónica y es uno de los muchos enfermos que llevan años luchando por que se le reconozca su incapacidad. Tras haber cotizado 28 años a la Seguridad Social se siente «maltratado por la Administración». Considera que el colectivo es «invisible» y, por ello, una parte tiene que seguir trabajando acarreando una grave enfermedad porque no consiguen que se reconozca su dolencia. «Cuando me diagnosticaron, los médicos me aconsejaron que viviera sin estrés», recuerda este exdirectivo de una gran multinacional.
Aunque siguió trabajando, al mes se dio cuenta de que su cuerpo no le seguía el ritmo. Por ello, lleva en trámites desde el año 2015 para obtener una incapacidad que no le conceden. Mientras, está considerado un parado más. «Me dieron la baja, cobré el subsidio por desempleo y, en ese periodo de tiempo, me despidieron. Ahora estoy gastando los ahorros de toda una vida», explica. Denunció al INSS (Seguridad Social) por un juzgado de lo social y, al denegarle la incapacidad permanente, espera a septiembre para presentar un recurso. Por el momento, este barcelonés, casado y con una hija de 12 años, «malvive» con 430 euros del subsidio para mayores de 45 años.
