El Consejo de la Unión Europea ha aprobado este lunes una nueva normativa contra el blanqueo de capitales que, entre otras cuestiones, tiene el objetivo de combatir el anonimato en el mercado de criptodivisas como el bitcoin y facilitar el acceso a información sobre propietarios reales de empresas.
Los Veintiocho han dado este lunes el último paso para aprobar las nuevas normas, que recibieron el visto bueno del Parlamento europeo a mediados de abril. Estas reglas serán publicadas en el Diario Oficial de la UE y los países tendrán 18 meses para trasladarlos a sus legislaciones nacionales
En concreto, obligan a las plataformas de negociación y a proveedores que ofrecen servicios de monederos electrónicos a aplicar controles de diligencia debida similares a los que se exigen en la actualidad a los bancos, como la verificación de sus clientes.
Además, estas plataformas y servicios deberán registrarse, al igual que las empresas de cambio de divisas, en las oficinas de cobro de cheques o los proveedores de servicios fiduciarios o empresariales. En el caso de las tarjetas de prepago, se rebaja de 250 a 150 euros el importe a partir del cual los titulares deben estar identificados.
Otra de las modificaciones que incluye esta quinta reforma de la directiva es el derecho de cualquier ciudadano a acceder a información sobre los titulares efectivos de empresas que operan en el bloque comunitario. El objetivo de esta medida es acabar con la opacidad de las llamadas 'empresas buzón', utilizadas con frecuencia para blanquear capitales, ocultar fondos y eludir impuestos.
La medida, ratificada por los representantes de los Estados miembros a través del Consejo de la UE, pretende "asegurar una mejorar y más coordenada" acción entre las diferentes agencias de inteligencia dedicadas a perseguir el fraude en los diferentes estados de la Unión. A su vez, la normativa permite que estas tengan acceso a las bases de datos de la propiedad de dichas criptomonedas, siempre que exista algún informe previo de algún organismo de la Unión que justifique la investigación.
La directiva incluye también criterios más estrictos para evaluar si los países de fuera de la UE representan riesgo de lavado de dinero y medidas de vigilancia más estrecha de transacciones que implican a nacionales de países de riesgo. También incluye disposiciones para aumentar la protección de personas que revelen información sobre blanqueo de capitales, como el derecho al anonimato.
