El Instituto de Contabilidad y Auditoría (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, ha impuesto una multa de 10,49 millones de euros a Pricewaterhousecoopers (PWC) por tres infracciones muy graves relacionadas con los trabajos de auditoría de las cuentas de AENA. El récord en multas de este organismo lo tenía Deloitte con Bankia, cuando pagó una sanción de 10,43 millones.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial del ICAC con fecha 29 de diciembre pasado, atribuye a la auditora y a su socio auditor Alejandro García López la comisión de "tres infracciones muy graves continuadas" tipificadas en el texto refundido de la ley de auditoría de cuentas, al haber incurrido en un incumplimiento del deber de independencia.

Dicho incumplimiento está relacionado, explica el ICAC, con los trabajos de auditoría de las cuentas anuales individuales de AENA y con los trabajos de auditoría de las cuentas o estados financieros consolidados de la compañía. Por ello, el Instituto impone dos multas, cada una por un importe equivalente al 5,25% por ciento de los honorarios facturados por actividades de auditoría de cuentas en el ejercicio 2016 (por ser el anterior a la imposición de la sanción), que suman 10,49 millones de euros. Al mismo tiempo, impone al socio Alejandro García López otras dos sanciones por importe de 24.000 euros cada una.

Dichas sanciones, asegura la citada resolución, llevan aparejadas, tanto para Pricewaterhousecoopers como para el socio auditor, la prohibición de realizar las auditorías de cuentas de AENA correspondientes a los tres primeros ejercicios siguientes a la fecha en la que las sanciones adquieran firmeza en vía administrativa.

PWC recuerda que el contenido de la auditoría no se ha puesto en entredicho y que los servicios presuntamente incompatibles, como el asesoramiento en la conversión de la contabilidad a las normas internacionales de información financiera, "están expresamente autorizados por las normas internacionales y por la directiva europea en la que se basa la ley española". PWC considera desproporcionada la sanción ya que facturó a AENA 60.000 euros anuales por sus servicios.