Un agrio cruce de cartas entre los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y CEPYME hace unas semanas sacó a la luz que el diálogo social está muy verde y que aún tardarán en llegar las políticas para mejorar la calidad del empleo, acortar la lista de parados de larga duración y mejorar los salarios rebajados por la crisis. Aunque los dos primeros asuntos han comenzado a debatirse en mesas técnicas esta semana en las que también ha estado presente el Gobierno, no se atisba un acuerdo a corto plazo para la recuperación de los sueldos en un año en que se prevé una escalada de los precios.

El año pasado la media de subida salarial en los convenios fue del 1,06%, inferior al 1,5% fijado en el acuerdo de negociación colectiva que se debe renovar ahora. Por su parte, los precios crecieron hasta el 1,6%, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo. Durante los primeros dos años de la recuperación, 2014 y 2015, una inflación negativa hizo más llevadera para los trabajadores el recorte de las retribuciones al amparo de la reforma laboral y tras años de congelación. El objetivo era mantener el empleo.

Ahora, con la economía creciendo al 3,2%, según datos de Contabilidad Nacional del 2016, toca que mejore el nivel de las familias, aseguran las centrales, que quieren regenerar parte del tejido salarial y de protección social destruido.

La urgencia sindical viene dada ante los avisos de que el crecimiento económico español, como el mundial, podría sufrir un leve parón este año. No obstante, según el análisis que hace UGT, aunque el Producto Interior Bruto (PIB) crezca menos, en torno al 2,5%, aún seguirá siendo vigoroso, lo que da margen para incrementar las retribuciones.

En esta misma línea Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO, advertía que la inversión aún está por debajo del nivel del 2008, lo que es una "mala noticia para el empleo", y que los vientos de cola exteriores que han empujado a la economía española en los dos últimos años (bajo precio del petróleo, devaluación del euro y bajos tipos de interés, entre otros), podrían cambiar de rumbo. Por ello, la demanda interna, decía Toxo, vuelve a ser "el factor fundamental, si no el único, sobre el que sostener el crecimiento". Y la demanda solo crece si hay dinero, es decir, salarios suficientes, en las familias.

INFLACIÓN Y BENEFICIOS

Para reclamar una subida salarial entre el 1,8% y el 3%, las centrales recuerdan que algunos expertos prevén que en el 2017 la inflación llegue al 3%, al menos a mitad de año, aunque haya meses más moderados. Además, señalan que los beneficios empresariales también seguirán creciendo.

Los últimos datos oficiales señalan que los beneficios de las empresas han superado ya el nivel previo a la crisis (a solo 2.500 millones del registrado contabilizado en el 2008) mientras que el empleo no se ha recuperado a igual velocidad y en salarios se han perdido 35.000 millones.

"UGT no firmará ningún acuerdo en el que los trabajadores pierdan poder adquisitivo", afirmaba hace unos días Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, que calificaba de "proporcionada y sensata" la petición de incremento solicitada por las centrales.

Toxo también alentaba a los suyos a decir que los salarios pactados en la negociación colectiva "tienen que crecer por encima del IPC" y que desvincular las retribuciones y las pensiones de los precios "pone en riesgo la capacidad adquisitiva de los asalariados".

LOS EMPRESARIOS

Las organizaciones empresariales argumentan en contra que la moderación salarial es la que permitirá asentar el crecimiento de la economía. Tanto CEOE, como CEPYME y Foment rebajan las optimistas expectativas sobre crecimiento de la economía y avisan de una desaceleración este año. Por tanto, consideran "prioritaria" la "bajada generalizada" de las cotizaciones sociales con el objetivo de reducir costes laborales que, según CEOE, "posibilite subidas salariales y creación de empleo estable".

Tras el cruce de cartas entre los agentes sociales se han puesto en marcha las mesas sectoriales sobre empleo, prestaciones, plan de choque para los parados de larga duración y contratos, entre otras cuestiones. Esta semana solo ha habido intercambio de papeles y de puntos de vista.

"El Gobierno ha levantado el pie" del acelerador, asegura una fuente sindical. La razón estriba en que está en la fase de elaborar el proyecto de Presupuestos generales del Estado para este año y que hasta que no se presente en el Congreso a finales de marzo, no habrá impulso al diálogo social.

Las cuentas públicas deberán contener un incremento de los salarios públicos que para las organizaciones empresariales será una referencia que tratarán de trasladar al sector privado.

Pese a la tensión que la subida salarial suscita, el envite sindical con las movilizaciones y el empeño de los empresarios de volver a hablar de la ley de Huelga, Juan Rosell, presidente de la CEOE, afirmó esta semana: "Lo que sería anormal es que no se llegara a un acuerdo".