Los peritos del caso Bankia, los inspectores del Banco de España Antonio Busquets y Víctor Sánchez, han acusado a Bankia de no facilitarle los expedientes individuales sobre una serie de créditos problemáticos. Los expertos han asegurado ante el juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional que no pudieron comprobar por ello si el actual presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, erró al reformular las cuentas del banco del 2011 desde los 309 millones de beneficio que declaró Rodrigo Rato a unas pérdidas de 2.979 millones, según fuentes presentes en la sala.

Al rehacer las cuentas, el actual equipo directivo situó en la categoría de subestándar (al corriente de pagos pero en riesgo de dejar de estarlo) préstamos por valor de 13.000 millones de euros. Pero los expertos estiman que ya estaban en morosidad y que por tanto la entidad debería haber realizado 1.192 millones adicionales en provisiones, lo que habría elevado las pérdidas del 2011. A preguntas del público Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), principal accionista de Bankia, los peritos han argumentado que no pudieron estudiar crédito a crédito porque Bankia no les facilitó la información.

Fuentes de Bankia aseguraron que a los peritos "se les dio toda la información que reclamaron y que nunca requirieron datos adicionales". El banco, así, habría enviado a los expertos datos de todos los créditos y un informe global de por qué se habían reclasificado las carteras, pero no un documento específico con las razones de enviar cada préstamos a subestándar ya que este no existe porque no lo pide el Banco de España.

DINERO EN JUEGO

Los dos informes de los peritos apuntan que las cuentas de Bankia y su matriz BFA fueron maquilladas y no reflejaban el valor real del grupo en el 2010 cuando se fusionaron siete cajas lideradas por Caja Madrid y Bancaja, ni cuando el grupo salió a bolsa en julio del 2011, ni en los resultados anuales al cierre de ese ejercicio, bajo la presidencia de Rodrigo Rato. Las cuentas del 2011 reformuladas por el actual presidente, José Ignacio Goirigolzarri, en el 2012 también incluían errores en la contabilización de la morosidad.

Los abogados del FROB están intentando buscar contradicciones y flaquezas en las opiniones de los peritos porque de la credibilidad que les otorgue el juez puede depender que el Estado y Bankia tengan que devolver dinero a los más de 300.000 accionistas una vez acabe todo el proceso. Los expertos, así, han contestado que la diferencia de 300 millones (de 1.000 a 1.300 millones) en ajustes no apuntados en las cuentas de Bankia que detectaron se debe simplemente a una cuestión temporal, al momento en que entienden que debían haber sido registrados, no a discrepancias de fondo.

También negaron que Bankia tuviera provisiones genéricas (una hucha para pérdidas imprevistas) que ellos no contemplaron al calcular cuántas pérdidas ocultas. Estas provisiones, defendieron, ya se habían utilizado y, aunque no se hubiera echado mano de ellas, la normativa contable no permite emplearlas para compensar los ajustes que ellos destaparon. Asimismo, aseguraron que el banco debía haber realizado estos ajustes desde el primer momento, ya que los problemas se conocían desde el 2010 o antes.