El PP expresó ayer en el Congreso su apoyo a no prorrogar en un principio las concesiones de las autopistas de peaje que vencen entre el 2018 y el 2021 y recuperarlas para el Estado. Entre estas se encuentran la AP-2 y la AP-7. También se abrió a la opción de mantener en el sector público las nueve autopistas quebradas cuya gestión empezará a asumir el Estado. Toda la oposición, excepto Ciudadanos, reclamó que no vuelvan a privatizarse.

Una enmienda presentada por los populares a la proposición no de ley de Unidos Podemos que se debatió en el pleno del Congreso incluye la recuperación de las autopistas cuyos contratos de concesión vencen hasta el 2021. En el texto, el PP expresa su conformidad, tal y como propone Unidos Podemos, a «mantener en el sector público las nueve autopistas quebradas», y piden adoptar «medidas para minimizar el impacto y la afección que la situación de las autopistas en concurso pueden producir sobre los ciudadanos».

LA EXIGENCIA DEL EJECUTIVO / Asimismo, en el texto de su propuesta piden garantizar la «disponibilidad» de estas infraestructuras «para quienes deseen usarlas y evitando que situaciones similares puedan llegar a producirse en el futuro». En todo caso, excluían de su enmienda la exigencia al Gobierno de renunciar «de forma explícita a volver a privatizarlas» y a dar «marcha atrás en los pasos que ya ha dado para volver a adjudicárselas al sector privado, paralizando de inmediato el procedimiento de licitación de dos contratos», que sí recoge en su iniciativa Unidos Podemos.

Por otro lado, el PP apoya no ampliar los períodos de ninguna concesión de las actuales autopistas de peaje a medida que vayan alcanzando el final del periodo concesional en los últimos años, aunque tampoco reclaman, como aboga Unidos Podemos, que se haga «de forma directa por el sector público».

En la rueda de prensa celebrada al finalizar la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados, el portavoz del PP en la Cámara baja, Rafael Hernando, abogó por que estas infraestructuras «amortizadas por el pago del peaje reviertan al Estado» y sea el Gobierno el que «decida cómo va a implementar una nueva fórmula para su mantenimiento».

Todo ello después de que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, mostrara su disposición a llegar a un acuerdo con los grupos de la oposición ante el fin de varias de las concesiones de autopistas. Con respecto a las que serán rescatadas, De la Serna ya avanzó que prevé licitar de nuevo, aunque con diferentes condiciones, las nueve autopistas en quiebra.

En la relación de autopistas el Partido Popular no incluye, como recoge la propuesta de Unidos Podemos, el tramo de la AP-6 entre Villalba y Adanero. En todo caso, sí que incluyen la AP-1 entre Burgos y Armiñán, la AP-7 entre Tarragona y València, la AP-7 entre València y Alicante, la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, la AP-7 entre Montmeló y La Jonquera, la AP-7 entre Barcelona y Tarragona, la AP-7 entre Montmeló y El Papiol, y la AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo.