En la demanda, a la que ha tenido acceso EFE, se explica que la operación ha producido un "descomunal enriquecimiento injusto" por parte del Banco Santander, equivalente al empobrecimiento de los tenedores de acciones, participaciones referentes y bonos, quienes han sido privados de su propiedad a cambio de la parte proporcional de un euro una vez descontados los gastos de la subasta. El Popular, prosigue el documento, "era y es un banco solvente", que si se ha visto afectado por un proceso de resolución "es por un problema de liquidez y no de solvencia". La entidad contaba con un patrimonio contable neto superior a los 11.000 millones de euros, y no solo había superado los test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en el 2016 sino que en junio de ese mismo año había ampliado capital en 2.505 millones de euros. El Santander "adquirió un banco con un valor cercano a 4.500 millones de euros no por un euro, como se suele publicar, sino por un precio de menos 2.030 millones de euros", añade el escrito, ya que "abonó un euro al tiempo que la deuda del Banco Popular por importe de 2.030 millones de euros fue extinguida" por el FROB. Para los letrados el precio era "irrisorio" no solo en contraste con el que el consenso de los analistas otorgaba al banco, sino porque en las tres sesiones siguientes a la compra las acciones del Banco Santander subieron el equivalente a 4.634 millones de euros de capitalización. La propia información facilitada por el Banco Santander el 7 de junio del 2017 demuestra que la previsión de generación de beneficios del Popular en los ejercicios 2018-2020 "-nada menos que 2.345 millones de euros-" permite atribuir a dicha participación un valor de 4.265 millones de euros.