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Comisión de investigación en el Congreso

Rato acusa al Gobierno de querer meterle en la cárcel

El exvicepresidente culpa a cuatro ministros de haber revelado sus datos fiscales . El exbanquero endosa a Zapatero la crisis y a Guindos, la caída de Bankia

 

Rato, ayer, durante su comparecencia en la comisión del Congreso. - JUAN MANUEL PRATS

PABLO ALLENDESALAZAR mediterraneo@elperiodico.com MADRID
10/01/2018

No hay mayor ansia de venganza que la provocada por sentirse traicionado por los propios compañeros. Rodrigo Rato dio ayer buena prueba de ello al lanzar una andanada durísima contra el Gobierno, al que culpó de cometer varios delitos y de querer meterle en la cárcel. La acusación hizo palidecer la previsible, pero no por ello menos controvertida, defensa de su gestión y el hecho de que responsabilizase al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de la crisis económica y al ministro de Economía, Luis de Guindos, de provocar la caída de Bankia y el rescate de España.

El ataque frontal al Ejecutivo español pareció cualquier cosa menos improvisado. Más bien el fruto de una ira contenida durante casi tres años a la espera de tener el foro adecuado para canalizarla.

El exvicepresidente de los gobiernos de Aznar, así, cargó en la comisión de investigación en el Congreso sobre la crisis bancaria, consultando sus notas y en respuesta a un portavoz del PP, Miguel Ángel Paniagua, que le preguntó retóricamente si «los beneficios económicos que haya podido conseguir compensan todo el daño» causado por sus problemas con Hacienda al PP, «toda» la clase política y España.

Esas palabras abrieron la caja de Pandora. «Durante marzo y febrero del 2015, tres personas, un director de un medio de comunicación, un articulista y un exalto cargo del PP, me avisaron de que el Gobierno me quería meter en la cárcel», aseguró. A principios de febrero, continuó, la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, recomendó a su secretaria que se fuera «separando» de él porque iba a tener «problemas» con sus declaraciones de Hacienda.

Rato también recordó que Vozpopuli publicó el 13 de abril de aquel año que estaba siendo investigado por el servicio de prevención del blanqueo de capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía. «El autor de esa información tuvo una reunión la semana antes con el ministro y me cuentan que achaca esa información al ministro», lanzó.

Además, abundó, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, desveló sus datos fiscales el día 15 de abril en los Desayunos de TVE, lo mismo que hizo un día antes el de Hacienda, Cristóbal Montoro, «con más habilidad» en el Congreso.

«¿Cómo puede saber el ministro de Justicia mis datos fiscales?», se preguntó con intención, ya que el acceso y la filtración de estos datos es un delito. Como también lo es realizar acusaciones falsas: «A mí me detienen en mi casa, delante de mis vecinos y mis hijos, el 16 de abril del 2015. Me detienen con una acusación doble en base a una demanda de la Agencia Tributaria: por alzamiento de bienes, que no dura ni 15 días, y por delito fiscal, que llevo tres años esperando que se concrete cuál he cometido. Yo sostengo que ninguno. No un poquito: ninguno».

La oposición había intentado que cargase contra el Ejecutivo. Pero el exministro lo tenía reservado para sus excorreligionarios: «A usted (por Paniagua) le da pena. A mí me da más mucha más pena, porque he estado 30 años en el PP».

AUTOEXCULPACIÓN / Hasta ese momento, las cinco horas de intervención del exvicepresidente del Gobierno, exdirector del FMI y expresidente de Bankia habían sido una loa a su propia gestión y un rechazo de cualquier responsabilidad en la crisis, pese a que ha sido condenado por las tarjetas black, es investigado por sus finanzas personales y espera juicio por la salida a bolsa del banco. «No soy un político corrupto», clamó.

Los dardos más envenenados fueron para Guindos, su antiguo número dos: «El 6 de mayo (del 2012) el ministro me exigió la dimisión, que se hizo efectiva el 9. La acción de Bankia se desplomó». También le acusó de apoyarse «en los principales competidores de Bankia (los presidentes de Santander, BBVA y CaixaBank)» para forzar su dimisión. Luego «fueron los grandes receptores de depósitos salientes de Bankia» y todo ello a espaldas del Banco de España, que no participó en las reuniones y cuyo gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, denunció que el Gobierno «le impuso silencio».

También responsabilizó al ministro de inyectar 19.000 millones en Bankia, una decisión que juzgó excesiva, por una «decisión política» y sin el aval del Banco de España. «(Su sucesor) Goirigolzarri había amenazado públicamente con dimitir», sostuvo. Con todo ello, aseguró, el Gobierno se vio obligado a pedir el «único rescate que le ofrecieron» (el bancario). En otro foro, Guindos aseguró no querer entrar en «ningún tipo de debate y polémica» al respecto.