El consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, amenazó ayer con tomar medidas si el Gobierno termina por aprobar el impuesto a la banca que ha anunciado. En particular, aseguró que el banco se podría «replantear su estructura legal» si el Ejecutivo le obliga a tributar por los dividendos que rescata de sus filiales en el extranjero, por los que ya tiene una factura fiscal en los países de origen, pues ello supondría pagar dos veces por lo mismo.

El mensaje sonó como una amenaza de cambio de sede, pero el ejecutivo quiso desinflar esa posibilidad. «No estoy hablando de trasladar las sedes. Tenemos que tratar de que a nuestros accionistas se les cree el mayor valor posible. Cuando tengamos los datos, tendremos que tomar las medidas acordes. No hay ninguna intención de hacer algo o no. Dependiendo de lo que se haga, tendremos que tomar las decisiones que convengan. No sé si va por la vía que usted dice (trasladar la sede) o no. Probablemente no», contestó a un periodista durante la presentación de los resultados semestrales de la entidad.

Lo que sí vino a dejar claro es que si Hacienda intenta que las multinacionales tributen por los beneficios de sus filiales en el extranjero, y no solo por las ganancias que obtienen en España, el Santander tomará medidas para no traer esos dividendos exteriores al país. «El banco depende críticamente del dividendo de sus filiales: unos 4.000 millones de euros al año. Si tienes doble imposición, tienes que repensar tu estructura legal. Puede afectar a la morfología de las entidades», advirtió. También admitió que este año prevé no pagar de nuevo impuesto de sociedades en España porque registrará pérdidas en el país, al tiempo que se opuso a que el Gobierno le impida activar 1.000 millones de euros en créditos fiscales diferidos (DTAs, derechos al menor pago de sociedades), ya que la «seguridad jurídica sería baja».

El número dos de Ana Botín reclamó al Ejecutivo un «periodo de reflexión y discusión» sobre los efectos «colaterales» que podrían tener los cambios fiscales. También aseguró que es «demasiado pronto» para valorar la actuación general del Ejecutivo, al tiempo que restó gravedad a la inestabilidad política que provoca su debilidad parlamentaria y quitó importancia al posible adelanto de las elecciones: «Forma parte del juego político».