Oliver Schmidt, exejecutivo de Volkswagen (VW) que se declaró culpable de fraude por su papel en la implementación del trucaje de los motores diésel (Dieselgate) de la compañía alemana en EEUU, fue condenado este miércoles en Detroit a siete años de prisión y una multa de 400.000 dólares. En Europa, el escándalo no ha tenido repercusión penal para los directivos del grupo Volkswagen.

Schmidt, de 48 años y que estuvo a cargo de las comunicaciones entre VW y las agencias reguladoras de Estados Unidos entre el 2012 y el 2015, recibió la máxima sentencia y multa posible. El exdirectivo de VW, que fue el primer ejecutivo del fabricante alemán detenido por las autoridades estadounidenses por el fraude de los motores diésel, se encontraba en prisión desde enero de este año y se declaró culpable el pasado agosto de participar en una trama para ocultar las emisiones reales de los vehículos.

Otros seis ejecutivos de la compañía han sido encausados por el escándalo y se enfrentan a penas de prisión en Estados Unidos. En agosto, James Liang, ingeniero responsable de que los motores diésel de VW cumplieran las normas de los EEUU, fue condenado a tres años y cuatro meses de cárcel y a pagar una multa de 200.000 dólares.

También están encausados Heinz-Jakob Neusser, que fue responsable de desarrollo de motores de VW; Jens Hadler, también encargado de motores; Richard Dorenkamp, que capitaneó el equipo que desarrolló motores diésel para EEUU; Bernd Gottweis y Jürgen Peter, ambos a cargo del control de calidad.

Por no informar

Según se estableció durante el juicio, Schmidt supo de la existencia del 'software' para trucar los motores en el verano del 2015, pero no informó a las autoridades estadounidenses durante las conversaciones que mantuvo con los reguladores.

Entre el 2012 y el 2015, Schmidt residió en Estados Unidos y fue el responsable de garantizar que los vehículos de VW cumpliesen las regulaciones estadounidenses sobre emisiones. En marzo del 2015, poco antes de que estallase el escándalo, Schmidt fue ascendido y regresó a la sede del fabricante de automóviles en Wolfsburg (Alemania), desde donde desempeñó un papel clave en responder a las agencias reguladoras de Estados Unidos sobre el trucaje de los motores diésel.

En septiembre del 2015 se supo que VW había trucado durante años los motores para ocultar que sus emisiones de óxidos de nitrógeno, un producto cancerígeno, eran muy superiores a lo permitido por la legislación estadounidense.

El fabricante reconoció poco después el trucaje de unos 600.000 automóviles en Estados Unidos y el año pasado se comprometió a pagar más de 25.000 millones de dólares en multas e indemnizaciones en Estados Unidos.