Margen de confianza, pero bajo vigilancia. Después de que el Gobierno haya renunciado a derogar la reforma laboral que tanto criticó en la oposición, los sindicatos se han mostrado este lunes dispuestos a aceptar que el Ejecutivo apruebe solo cambios en la misma a corto plazo, pero siempre que sean "sustanciales" y sin renunciar a su derogación a medio plazo. Y si no lo hace, han advertido, se enfrentará a protestas en la calle como las que sufrió el Ejecutivo de Rajoy.

"Nos sentiremos defraudados si solo toca aspectos cosméticos. Se lo diremos hablando, y si no vemos voluntad política se lo diremos en la calle. No le vamos a dejar que se escude solo en minorías parlamentarias", ha advertido el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en un curso de la APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. "Si no da resultado, la movilización será permanente", ha abundado su homólogo de UGT, Josep Maria Álvarez.

Las centrales de trabajadores quieren especialmente que el Ejecutivo acabe con la prevalencia de los convenios de empresa sobre los colectivos, prohibir que las empresas puedan subcontratar actividades fundamentales y que se vuelva a permitir que los convenios sigan vigentes cuando venzan hasta la aprobación de uno nuevo. Entre otros aspectos, son los que están dispuestos a negociar con la patronal y el Gobierno. Pero si no llegan a acuerdos, van a exigir a este que busque mayorías parlamentarias para aprobar cambios.

Acuerdo inminente

Los líderes sindicales también han insistido en que "en los próximos días" podrían alcanzar un acuerdo con la patronal sobre salarios (subida del 2% más un 1% variable y un salario mínimo en convenio de 1.000 euros en 14 pagas a alcanzar en tres años). Fuentes de los mismos han apuntado que podrían firmar dos pactos: uno sobre los sueldos y otro sobre otros aspectos laborales que las dos partes van a negociar con el Gobierno.

Sordo y Álvarez también han juzgados claves el próximo techo de gasto del 2019 y la actualización del plan de estabilidad del periodo 2018-2021 que se debe enviar a la Comisión Europea para calibrar la "voluntad" del Ejecutivo de "modificar la política económica". El cambio de Gobierno, han advertido, ha abierto una "época de expectativas pero de pocas certezas". Asimismo, han vuelto a reclamarle que no privatice Bankia y que la utilice para crear una banca pública que "dé cobertura a las necesidades del país".