El Tribunal Supremo ha dictaminado que las indemnizaciones que recibirán las empresas eléctricas por financiar el bono social en el 2015 y el 2016 deberán pagarse a cargo del propio sistema eléctrico, y no del Tesoro o las comercializadoras. El Gobierno ya incluyó en los Presupuestos Generales del Estado de este año la posibilidad de que el superávit del sistema se destinase a abonar posibles condenas judiciales.

El pasado octubre, el Supremo falló que el sistema de financiación del bono social aprobado por el Ejecutivo en el 2014 era discriminatorio porque obliga a pagar la ayuda solo a parte de las comercializadoras (las más grandes y con mayor cuota de mercado). Para evitar este problema, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, impulsó que a partir del 2017 lo tuvieran que financiar también al resto de empresas, que tienen una participación en el mercado de en torno al 6%.

Las eléctricas destinaron unos 500 millones de euros entre el 2014 y el 2017 a financiar el bono social, que implica una rebaja de la factura de la luz para 2,42 millones de hogares (unas 7 millones de personas). Según un auto al que ha tenido acceso 'Europa Press', el Supremo ha obligado a devolver a las eléctricas lo que pagaron en el 2015 y el 2016, más el interés legal del dinero con cargo al propio sistema eléctrico.

Superávit

Las cantidades del 2014 dependen de un recurso a una orden ministerial que está analizando la Audiencia Nacional, si bien el Supremo ya le ha advertido que tendrá que tener en cuenta su sentencia del año pasado, con lo que es más que probable que falle en el mismo sentido.

Desde el 2014, el sistema eléctrico acumula un superávit de más de 1.000 millones de euros, si bien también arrastra una deuda de más de 20.000 millones que hay que ir saldando año a año. Hasta la sentencia del Supremo del año pasado, el excedente se empleaba solo para amortizar esa deuda, pero el Gobierno cambió la normativa para poder emplearlo también para pagar condenas o financiar las primas de las renovables.