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AMENAZA DE SANCIONES DE BRUSELAS

El Tribunal de la UE abronca pero no siempre muerde

Solo 11 de los 28 estados miembros han tenido que pagar en el pasado algún tipo de multa por incumplir la legislación comunitaria. La cifra más alta corresponde a Francia que fue condenada a pagar 57,7 millones por vulnerar las tallas mínimas de especies pesqueras

SILVIA MARTINEZ / BRUSELAS
11/04/2017

 

La última palabra sobre la posible multa a España por incumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2014, que obliga al Gobierno español a liberalizar el sector de la estiba, la tienen los jueces europeos. Pero ¿es habitual que la Corte europea castigue con sanciones pecuniarias a los estados miembros que se saltan la legislación de la UE? ¿En cuantas ocasiones ha llegado la sangre al río? ¿Qué país ha sufrido el mayor mordisco por vulnerar leyes europeas? ¿Es posible esquivar una multa?

La amenaza de sanciones es el instrumento más potente que tiene en sus manos la Comisión Europea para meter en vereda a empresas y también a los gobiernos que incumplen las leyes europeas. Son conocidos los zarpazos de los últimos meses en el ámbito de la política de competencia contra Apple, a quien Bruselas reclama el pago de 13.000 millones de euros a cuenta de impuestos no pagados en Irlanda, o los casi 3.000 millones reclamados a media docena de fabricantes de camiones por crear un cartel que pactaba precios vulnerando la normativa comunitaria.

Aunque hasta ahora no ha sido demasiado habitual debido a la lentitud de los procedimientos, los estados miembros también se han llevado algún que otro buen susto desde que el Tratado de Maastricht, firmado en 1992, incluyera la posibilidad de imponer sanciones pecuniarias a los países infractores que no ejecutan las sentencias de la corte europea. Un mecanismo de disuasión que se ha revisado en diversas ocasiones para acelerar el procedimiento que suele prolongar los contenciosos durante años, algunos más de una década.

32 CONDENAS EN 25 AÑOS

Desde que la Unión Europea incluyera la posibilidad de multar a un estado miembro hasta diciembre del año pasado, el Tribunal de Justicia de la UE ha dictado 32 sentencias por doble incumplimiento contra 11 de los 28 Estados miembros, muchos de los cuáles (aunque no todos) han tenido que hacer frente a multas millonarias por infringir la normativa comunitaria en todo tipo de ámbitos.

El país que acumula más sentencias en contra es Grecia (8), por delante de Italia y Portugal (4 cada uno), España y Francia (3 cada uno), Alemania, Irlanda y Suecia (dos cada uno) así como República checa, Bélgica y Luxemburgo. La primera sanción impuesta a un estado miembro por vulnerar las leyes europeas no se produjo hasta el año 2000 y el país castigado fue Grecia con una suma de 5,4 millones de euros por vulnerar varias directivas sobre desechos, tras constatar los jueces la falta de medidas de las autoridades helenas para acatar la primera sentencia.

La sanción económica a tanto alzado más importante impuesta en los últimos 25 años se la ha llevado Italia: 40 millones de euros en 2014 por vulnerar también las reglas comunitarias sobre gestión de desechos. Pero la multa coercitiva más elevada, de 57,7 millones de euros, fue impuesta a Francia por permitir la venta de especies pesqueras por debajo de la talla mínima. Una sanción que llegó nada menos que once años después de que los jueces europeos fallaran por primera vez a favor de la Comisión Europea y en contra de las autoridades francesas.

Otros castigos potentes corresponden por ejemplo a Italia, condenada a pagar 30 millones en el 2011 por no recuperar unas ayudas al empleo calificadas de ilegales e incompatibles con la normativa comunitaria. Hay países, sin embargo, que a pesar de ser condenados –como Italia, Alemania, Portugal o Francia- finalmente no han tenido que hacer efectiva ninguna multa porque la corte ha constatado que han cumplicado y adoptado las medidas de remedio requeridas.

TRES SENTENCIAS CONTRA ESPAÑA

En el caso de España, ha sido objeto hasta ahora de tres condenas por doble incumplimiento. La primera en el año 2003 le condenó a una multa de 624.150 euros por cada punto de zonas de baño interiores no conformes con la legislación comunitaria. La segunda, tras una larga batalla judicial que arrancó en 1989 tras declarar Bruselas de ilegales las ayudas fiscales concedidas al grupo de utensilios de cocina Magefesa, llegó en el 2012 cuando los jueces condenaron a España a una multa de 20 millones de euros más una segunda sanción coercitiva diaria de 50.000 euros por cada día de retraso sin recuperar las ayudas. En total, finalmente 23,9 millones de euros. La tercera se refiere a las vacaciones fiscales vascas que terminó con una multa a España en el año 2014 de 30 millones de euros por no haber recuperado a tiempo ayudas declaradas en su día de ilegales.

España podría sumar una cuarta muesca si el Gobierno español no termina de resolver de una vez por todas la reforma de la estiba, tal y como exige el Tribunal de Justicia de la UE para liberalizar el sector. El procedimiento de infracción lleva cinco años en marcha y aunque todavía "no hay fecha" para que la corte europea dicte sentencia, según han confirmado fuentes del Tribunal, el Ministerio de Fomento ha anunciado esta semana que ha recibido la notificación de que los jueces y que considera urgente resolver la situación para escapar a una nueva multa que a día de hoy supera ya los 23 millones de euros.