La Unión Europea (UE) ya tiene su primera lista negra de paraísos fiscales. Una nueva arma jurídica y política aprobada por los ministros de economía y finanzas de los 28 (Ecofin) para luchar contra el fraude y la evasión fiscal que nace algo descafeinada, con solo 17 «jurisdicciones no cooperativas» en su seno. Se trata de aquellos territorios que no han respondido a los requerimientos de la UE o han rechazado adoptar medidas para reformar su fiscalidad en línea con los estándares de transparencia europeos.

Se trata finalmente de Samoa, Bahrain, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macao, Mongolia, Islas Marshall, Namibia, Palaos, Panamá, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Túnez, Emiratos Árabes Unidos y Samoa americana. Cuando la UE lanzó el ejercicio a través del llamado grupo del Código de conducta, un grupo intergubernamental en el que están presentes los 28, remitieron cartas a 92 territorios y jurisdicciones informándoles de que iban a ser objeto de un análisis en profundidad para evaluar su aplicación de las normas en materia de transparencia fiscal, fiscalidad justa y cumplimiento de las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Muchos de estos países se han ido comprometiendo a revisar sus estándares sobre transparencia fiscal. Resultado de este ejercicio, y la criba posterior a base de diplomacia y presión política, es que los 28 culminaron el proceso la semana pasada con menos de una treintena de territorios en la lista. Ayer y anteayer continuaron con el trabajo de cocina y han reducido aún más la lista de territorios que no cooperan, del que se han caído a última hora Marruecos o Cabo Verde.

LISTA GRIS CON 47 TERRITORIOS / Al margen de la llamada lista negra, los 28 han acordado una especie de «lista gris» en la que incluyen 47 jurisdicciones en las que han identificado deficiencias pero que han asumido el compromiso de modificar sus prácticas en distintos ámbitos como fiscalidad, transparencia o intercambio de información durante el 2018 y el 2019. En esta lista figuran por distintos motivos Qatar, Jordania, Turquía, Cabo Verde, Taiwán, Marruecos, Aruba, Uruguay, Andorra, Bermuda, Islas Cayman, así como los territorios asociados al Reino Unido, Guernsey, Isla de Man y Jersey.

«Andorra también está pero nuestro deseo es que pase a la lista blanca» y «todos estamos de acuerdo en que las autoridades andorranas harán todo lo posible para esta lista intermedia», explicó el ministro Luis de Guindos al término del Ecofin. El acuerdo también dará más tiempo a las islas afectadas por los huracanes durante el 2017 -Dominica, Antigua y Barbuda, Islas Vírgenes británicas y otros territorios- para que revisen su situación tan pronto como la situación mejore y con vistas a resolver la situación para finales del 2018.

Las trampas fiscales de cientos de multinacionales y particulares para eludir el pago de impuestos en la UE, destapados a raíz de los escándalos del Luxleaks en el 2014 y los Papeles de Panamá en abril del 2016 obligaron a los gobiernos de la UE a reaccionar para hacer frente a unas prácticas fiscales agresivas que generan pérdidas anuales de entre 50.000 y 70.000 millones en impuestos no pagados a las arcas de los Estados miembros, según los cálculos manejados por la CE.

La creación de la lista negra de países que no juegan limpio se enmarca en esa pelea de combatir la ingeniería fiscal aunque solo incluye países terceros porque, de facto, la UE da por hecho que no existen paraísos fiscales entre los 28 tras las reformas puestas en marcha para reforzar el intercambio automático de información fiscal. Un hecho que ha generado gran controversia en la UE, donde organizaciones no gubernamentales como Oxfam consideran que también debería incluirse a países como Malta, Luxemburgo, Irlanda y Holanda.

En la lista tampoco figura EEUU aunque a la UE le preocupa el impacto de la reforma fiscal de Donald Trump sobre las reglas comerciales y la lucha contra el fraude fiscal. Concretamente, al vicepresidente Valdis Domvrovskis le preocupan algunas disposiciones técnicas que afectan a las transacciones entre empresas de grupos estadounidenses, cómo se gravan dentro y fuera de EEUU y su efecto sobre el comercio.

Según explicó Guindos, los países incluidos en la lista negra no tendrán acceso a los fondos de desarrollo europeo y los contribuyentes relacionados con esos territorios que no cooperan serán objeto de «una especie de vigilancia reforzada».