La crisis se ha llevado por delante a la práctica totalidad de las cajas de ahorros, entidades centenarias que llegaron a suponer más de la mitad del negocio financiero español. La mayoría han desaparecido o se han convertido en bancos. Pero, como en Filipinas en 1898, ha habido algunas supervivientes.

Concretamente dos. Y significativamente las más pequeñas: la valenciana Caixa Ontinyent (48 oficinas) y la balear Caixa Pollença (20). Sus máximos responsables, junto al de la cooperativa de crédito catalana Caja de Ingenieros (27), comparecieron ayer ante la comisión de investigación de la crisis del Congreso para explicar un hecho a priori sorprendente: cómo pudieron superar con éxito y sin ayudas públicas una prueba que tumbó a gigantes financieros con muchos más recursos como Caja Madrid, Bancaja o CatalunyaCaixa.

La independencia del poder político ha sido el nexo de unión de sus relatos. «Caja de Ingenieros, a lo largo de sus 50 años de historia, nunca ha entrado en cuestiones políticas, ni ha tenido políticos en sus órganos de gobiernos, y esto también nos ha diferenciado de otras entidades, permitiendo que nuestras decisiones fueran siempre de carácter estrictamente financiero», acertó a resumir su presidente, José Oriol Sala Arlandis.

Josep Antoni Cifre Rodríguez, presidente de Caixa Pollença, también destacó la «ausencia de intereses particulares o injerencias políticas en operaciones crediticias o en el destino de los recursos de la obra social» de la caja. «Nunca nos obsesionamos con el tamaño o con crecimientos de dos dígitos al objeto de conseguir determinados posicionamientos o influencias», sostuvo.

Malos gestores

La desaparición de las cajas, según su relato, se inició cuando estas se alejaron de su objetivo fundacional de fomentar el ahorro y facilitar el crédito en las clases desfavorecidas, así como de ayudarles a través de los programas de su obra social.

«Seguimos pensado que las cajas de ahorro no son un problema. El problema, como en todo instrumento financiero, es la mala utilización de este», defendió Cifre. De esta forma ha enmendado la plana a los exaltos cargos bancarios y políticos que han pasado por la comisión defendiendo que la debacle del sector fue poco más o menos que una catástrofe natural inevitable.

Vicent Penadés, director general de Caixa Ontinyent, ha añadido otro factor clave: «(Las crisis inmobiliarias de los 80 y los 90) nos hicieron especialmente sensibles a las indicaciones del Banco de España en las reuniones anuales». Es decir, otros hicieron oídos sordos y el supervisor se lo permitió.

Todo ello ha provocado una situación en que la obra social «no ha sido cubierta ni reemplazada» y la concentración «acerca al sector a una situación oligopolística», por la reducción de entidades y oficinas. «Va a provocar un aumento de aquella población que va a tener serias dificultades para tener acceso a servicios bancarios, algo especialmente preocupante en el caso de pequeños municipios con mayor edad media», alertó Cifre.