Estos últimos días venimos asistiendo a un aluvión de noticias relacionadas con las pensiones tanto por su futuro como por sus aumentos mínimos en los últimos años. En el caso de los jubilados la cosa es mucho más grave su pérdida de valor adquisitivo y provoca que en los campos de nuestra provincia se vean numerosas personas mayores.
La subida para este año vuelve a ser de sólo el 0,25%, poco más de dos euros al mes, la misma cantidad de los últimos cinco años al aprobarse el aumento mínimo establecido por la Ley. Teniendo en cuenta el IPC los jubilados pierden poder adquisitivo año tras año.
Y en el caso del sector agrario la cosa se agrava porque perciben un 59% menos de pensión que los del resto de sectores. Si observamos otros indicadores económicos como el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o el Umbral de la Pobreza los jubilados agrarios quedan muy malparados en la comparativa. El Salario Mínimo es superior al que recibe un jubilado agrario y el Umbral de Pobreza en España es poco más o menos lo que cobra un jubilado agrario.
El campo requiere de forma urgente un necesario relevo generacional, pero también hemos de dignificar a aquellos que lo abandonan porque con la pensión actual que reciben es imposible subsistir si no se dispone de ahorros.
Dignidad para nuestros agricultores y ganaderos hemos pedido esta semana también en Madrid ante el Ministerio de Agricultura. En una reunión hemos trasladado la necesidad de emprender una serie de medidas urgentes y efectivas para compensar las pérdidas causadas por la sequía durante los últimos meses ya que las propuestas que existen hasta la fecha son totalmente insuficientes.
Hemos solicitado que se pongan en marcha los mecanismos permitidos por la Unión Europea y se otorguen las ayudas directas de mínimis a todos los agricultores y/o ganaderos profesionales para compensar, al menos, parcialmente, los daños causados por la ausencia de precipitaciones en sus explotaciones, incrementando el tope máximo por explotación de 15.000 € que permite la UE, en función de las unidades productivas de superficie o ganado de cada explotación. También hemos reclamado una ayuda al pago de la energía eléctrica de los pozos y motores de riego, pues la falta de lluvia provoca un incremento de riego y en consecuencia un aumento de horas riego y de bombeo; así como la reducción o exoneración del pago de tarifa de utilización de agua y la correspondiente al canon de regulación, considerándolo un sinsentido en la situación en la que se encuentran muchas explotaciones y cultivos.
En cuanto a los seguros agrarios, hemos demandado que se incorpore en las líneas de seguro de cultivos de regadío una nueva cobertura de sequía hidrológica, actualmente inexistente. Así mismo hemos solicitado la exención de las cotizaciones a la Seguridad Social, por un período de doce meses, y no moratoria. También hemos propuesto la exención del pago anual del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) compensando a los Ayuntamientos a través de los Presupuestos Generales del Estado o las reducciones de los módulos fiscales en el IRPF. Como pueden ver no hemos estado parados y seguimos con nuestro trabajo para dignificar este noble oficio que algunos quisieran ver desaparecer, pero al que afortunadamente le queda mucha vida.
