A los recortes laborales y económicos que ha dejado la crisis, hay que sumar la merma de los derechos de los trabajadores, que desde este martes simbolizarán ocho sindicalistas de la factoría Airbus, de Getafe (Madrid) que se sientan en el banquillo por convocar y participar en la huelga general de septiembre del 2010 contra la reforma laboral. El fiscal pide para ellos 66 años de cárcel, ocho años y tres meses para cada uno de los encausados.

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado una movilización permanente durante los cuatro días que dura la vista con el lema ‘huelga no es delito’ en la que piden derogar el artículo 315.2 delCódigo Penal que establece hasta penas tres años de prisión para quienes “coaccionen” a otras personas a iniciar un paro laboral.

Las dos huelgas generales se saldaron con 300 sindicalistas procesados según esta norma, cuya derogación ha solicitado formalmente este lunes Podemos en el Congreso de los Diputados.José Alcázar, expresidente del comité intercentros de Airbus, considera que el juicio es algo “insólito en democracia” ya que los piquetes informativos son parte del ejercicio del derecho de huelga y no deben suponer una agravante del delito de coacciones.

PROBLEMÁTICO

El caso de estos trabajadores es el más problemático de todos. Fue el único incidente grave que se registró en la jornada de huelga del 29 de septiembre del 2010 cuando las fuerzas antidisturbios intentaron desbloquear la entrada a la factoría con siete disparos al aire. Los casquillos fueron recogidos del suelo por los sindicalistas y fueron presentados como prueba en la denuncia contra la policía.

Desde entonces, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndezhan solicitado a los diversos ministros de Justicia de Mariano Rajoyque el Ministerio Fiscal retirara una acusación tan elevada que recuerda a los grandes juicios de los últimos años del franquismo. De los 300 sindicalistas encausados, algunos han sido indultados por el Ejecutivo pero siempre después de haber pasado por los tribunales. Sin embargo, los de Airbus quieren la amnistía.

Durante un acto de apoyo celebrado en Madrid el pasado 18 de enero, Alcázar aseguró, como portavoz del grupo, que ninguno se arrepentía de su actitud porque no son culpables de defender el derecho constitucional de huelga.