Carles Puigdemont recibió ayer otro balón de oxígeno. Tres horas después de que se hiciese pública la petición de la fiscalía de Schleswig-Holstein de extraditar al expresidente catalán a España bajo el delito de rebelión, formulada el pasado 9 de mayo, la audiencia territorial de ese estado alemán rechazó la argumentación jurídica de la solicitud. A mediodía, el órgano judicial alemán ratificó la postura que ya había exhibido el pasado día 5 de abril, cuando consideró la acusación de rebelión como «en principio inadmisible».

Poco antes, y tras haber evaluado la nueva información y vídeos aportados por los fiscales españoles durante las últimas dos semanas, el ministerio público de Schleswig-Hosltein había considerado que hay pruebas suficientes para que el líder independentista también sea juzgado por alteración del orden público. A pesar de no haberse pronunciado sobre este delito concreto, la audiencia territorial alemana sí detalló que sigue manteniendo abierta la puerta a una posible extradición de Puigdemont por malversación de fondos públicos.

Aunque la fiscalía aún tiene pendiente presentar la solicitud formal de extradición contra Puigdemont, en su peticición desestimada consideraba que se perpetraron «disturbios contra las fuerzas policiales españolas», algo que en la legislación alemana sería punible con el delito de alta traición, el más similar al de rebelión que solicita la judicatura española. Eso es lo que había llevado a los fiscales a replantearse la validez de las tesis argumentadas por el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena.

La fiscalía de Schleswig-Holstein consideraba además que se ha incrementado el riesgo de fuga, una valoración que también fue rechazada por la audiencia territorial de dicho estado. ha rechazado. Así, como explicó una portavoz, el dirigente de JxCat, Puigdemont «podrá seguir en libertad bajo fianza en Alemania a la espera de una decisión final» que tomará el propio tribunal.

DISPARIDAD DE CRITERIO / La respuesta de la audiencia territorial a la fiscalía ha vuelto a evidenciar la disparidad de criterio con la que ambas afrontan el caso. El pasado 3 de abril, la misma fiscalía de Schleswig-Holstein solicitó la extradición de Puigdemont avalando las tesis de Llarena en las que se incluían los cargos por rebelión y malversación de fondos públicos. Dos días más tarde, la audiencia territorial del land donde Puigdemont fue detenido el pasado 25 de marzo desestimó esa misma solicitud al considerar que no hubo violencia, requisito clave para el delito alemán de alta traición.

A pesar de su rechazo a la petición de la fiscalía, el balón sigue estando en el tejado del tribunal superior de Schleswig-Holstein, que deberá decidir qué hace con el líder independentista. Una decisión que aún no tiene fecha.

Así lo recordó también el ministro de Justicia, Rafael Catalá, al señalar que aún no hay una «decisión final» y aferrarse a la «buena noticia» que supone, dijo, que la fiscalía alemana se ratifique en pedir la extradición por rebelión. «A veces parecería que el procedimiento está terminado; no está terminado», reiteró el ministro.

EL CONSTITUCIONAL / En paralelo, también ayer el Tribunal Constitucional rechazó dejar en libertad al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y al expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez en tanto resuelve sobre el fondo de sus recursos de amparo contra las prisiones preventivas ordenadas por el Supremo.

Sànchez y Junqueras pedían al TC que los dejara en libertad mientras resuelve sus recursos, si bien el fallo de ayer, adoptado en sendos autos, rechaza esa petición y además, en el caso de Sánchez, también le deniega un permiso penitenciario.