El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha confirmado este martes que las donaciones en especie registradas por Ciudadanos en su contabilidad de 2015 podrían derivar en una sanción, aunque ha precisado que hasta la fecha no se ha abierto ningún expediente en este sentido. Álvarez de Miranda, que ha presentado en el Congreso el último informe de fiscalización de la contabilidad de los partidos, ha dicho que los 14,3 millones de euros de pagos hechos por terceras personas que Cs contabilizó como donaciones en especie es "un incumplimiento susceptible de constituir una infracción".

Y lo podría ser, ha recalcado, porque es uno de los supuestos tipificados como infracción en la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económico-Financiera de los Partidos Políticos, aprobada en marzo de 2015.

Seis casos en total

En total, el Tribunal de Cuentas ha detectado seis incumplimientos de los partidos que están establecidos en la legislación como susceptibles de ser sancionados.

Además del caso de Cs, el órgano fiscalizador apunta la no identificación de los cargos públicos ni los donantes por IU ni las personas físicas que realizaron aportaciones a Unió Democrática de Catalunya.

También las donaciones recibidas de personas jurídicas por Nueva Canarias, la participación de las formaciones EA y PNV, a través de sociedades mercantiles en los rendimientos de actividades de carácter mercantil y el incumplimiento del deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas por parte de UPyD.

El presidente del órgano fiscalizador ha precisado que el hecho de que unas cuentas sean rechazadas, como ha ocurrido con las de Cs y otras formaciones como Compromís, Aralar, Bildu, CDC, EA, IU y PAR, no conlleva ningún procedimiento sancionador. Esto es así, ha recalcado, porque la ley no lo establece y, en este sentido, ha invitado a los partidos a cambiar la legislación si quieren ser más exigentes consigo mismos.

¿Caja b en el PP?

"No hay ningún efecto, está en sus manos que lo pueda haber", ha afirmado Álvarez Miranda, quien ha querido dejar claro que el Tribunal de Cuentas realiza sus trabajos con criterios plenamente profesionales, técnicos y homogéneos para todos los partidos.

Ha asegurado que "no se aplican diferentes raseros" y, al ser preguntado por la supuesta caja B del PP, ha incidido en que la institución que preside no es un órgano anticorrupción, tras lo que ha remitido a fiscales y policías.

Ha recordado, además, que los resultados de la fiscalización son remitidos a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía, que son los que deciden las acciones a ejercer tanto en el ámbito penal como de la propia revisión contable.

"El Tribunal de Cuentas no decide por sí mismo", ha subrayado, y ha insistido en que no le corresponde la declaración de ningún tipo de delito, solamente poner de relieve incumplimientos contables susceptibles de constituir alguna infracción. Estos incumplimientos podrían derivar en un expediente sancionador, pero una vez que sean estudiados por la denominada Unidad de Partidos Políticos del Tribunal de Cuentas y si así lo decide finalmente el Pleno del Tribunal.