La revisión de los expedientes de ayudas dadas a empresas para impartir cursos de formación sigue poniendo en jaque el control que la Junta de Andalucía ejerció sobre dichas subvenciones y el destino final del dinero. Según los datos aportados este miércoles por el consejero de Empleo, José Antonio Maldonado, el dinero que no ha sido justificado debidamente por las empresas beneficiarias asciende ya a 71,9 millones de euros, aunque hay pendientes aún otros 167,5 millones que están aún en fase de alegación.

La cifra ofrecida difiere bastante de los 20,8 millones estimados el pasado mes de diciembre, última fecha en la que se ofrecieron datos sobre este proceso. La revisión se inició de oficio tras la llegada a la Presidencia de Susana Díaz, pero poco después estalló la investigación policial y judicial que cuestionaba el destino de hasta 3.000 millones de euros.

Según el consejero, de los 8.805 expedientes tramitados entre 2007 y 2012 por la administración autonómica, por un importe de 1.613 millones de euros, se han verificado durante los últimos 22 meses un total de 5.300, por un importe de 728,5 millones. De estos, 4.097 han sido justificados correctamente, mientras que en otros 1.203 expedientes han detectado alguna irregularidad. El montante completo es de 239,4 millones, aunque el grueso de esta cantidad, unos 167,5 millones de euros, aún están en fase de alegaciones y las empresas beneficiarias pueden alegar para justificar el retraso en la justificación de gasto del dinero. Sobre el resto, por 71,9 millones, la Junta de Andalucía si exige ya el reintegro firme.

Pero la cuenta podría seguir subiendo. A los expedientes ya verificados hay que sumar otros documentos -por importe de 662,5 millones de euros- que a aún están en fases incipientes de alegaciones o en plazo para justificar las ayudas. Esos en cuanto a los que ya se están revisando, dado que faltan por meterle mano al 13 por ciento del total de expedientes concedidos. En su intervención, no obstante, Maldonado ha pedido reclamado no hacer una causa general sobre las subvenciones públicas, algo que se antoja difícil por cuanto hay varias causas judiciales abiertas que cuestionan estas políticas de ayudas al empleo o la formación y que "ponen bajo sospecha a las instituciones públicas y causan un daño irreparable" a este tipo de actuaciones, según ha destacado Podemos. El resto de formaciones parlamentarias han demostrado también cuán alejado queda el deseo del consejero, subrayando, como el PP, que la política andaluza gira sobre "el binomio corrupción y desempleo". "En Empleo ha habido un mal funcionamiento, un guirigay, porque nadie vigilaba", espetó IU, mientras que Ciudadanos ha subrayado que “las ayudas se otorgaron sin ningún tipo de control" y ha pedido "poner punto y final a la corrupción política en Andalucía". De hecho, al inicio del curso parlamentario en septiembre se planteará la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre los cursos de formación, “necesaria por higiene democrática”, estima Ciudadanos.