El nuevo fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ordenó un día antes de la 'operación Lezo' que no se efectuara uno de losregistros previstos, que afectaba a uno de los imputados y no a los operativos desarrollados en la casa y el despacho de Ignacio González. Ante esta decisión, sus subordinados y fiscales del caso invocaron el artículo 27 del estatuto fiscal, que indica que las discrepancias a la hora de proceder en un operativo se diriman en una junta.

Moix convocó dicha reunión el pasado martes y la mayoría de los reunidos -una veintena- apoyaron a sus compañeros de la 'operación Lezo' y se opusieron a la decisión de su jefe, por lo que el máximo responsable de Anticorrupción rectificó y aceptó que se llevara a cabo el registro.

Según las fuentes jurídicas consultadas, es "gravísimo" y apenas hay precedentes de que los fiscales de un caso se hayan visto forzados a rebelarse para torcer el pulso a su jefe a la hora de proceder en unainvestigación. Sin embargo, Moix ha quitado este jueves hierro a los hechos. En declaraciones a la SER, ha asegurado que se trata de una actuación "habitual" y que fueron empleados los "mecanismos de disenso normales" que establece el estatuto del ministerio público. Ha recordado además que la decisión de la junta "no es vinculante" y, aún así, la acató.

Se da la circunstancia de que el nombre de Moix aparece en unagrabación que consta en el sumario en la que el propio González y Eduardo Zaplana celebran que el fiscal asumiera la jefatura de anticorrución por su proximidad al PP.

LA PETICIÓN DE C'S

Ante estos hechos, Ciudadanos ha anunciado que pedirá la comparecencia urgente del ministro de Justicia, Rafael Catalá, para que dé cuenta de si hubo un "chivatazo" a Gonzalez sobre el pinchazo de su línea teléfónica y su posible detención, y sobre las supuestas presiones de Moix para impedir el registro.

"Es de una gravedad extrema, si es cierto", ha manifestado Albert Rivera.