El Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el anteproyecto de ley sobre restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal de España o de otro estado miembro de la UE, a condición de que estén clasificados o definidos como patrimonio cultural.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este anteproyecto lo que hace es "trasponer" al ordenamiento jurídico español una directiva europea de 2014 sobre esta materia.

El anteproyecto amplia "el ámbito de aplicación", según ha explicado la vicepresidenta, para poder obtener la restitución de bienes con interés o valor "histórico, paleontológico, etnográfico, numismático o científico", con independencia de que formen parte de una colección pública o de otra índole, y de que sean objetos aislados o no, que provengan de excavaciones legales o clandestinas.

Entre las novedades de la propuesta destaca la designación de una autoridad central, que será la Secretaría de Estado de Cultura y que actuará "en concertación con las autoridades competentes" de los estados miembros de la Unión Europea.

Saénz de Santamaría ha precisado que la función de esta autoridad central será "localizar", a petición de un estado miembro, un bien cultural concreto que haya salido ilegalmente de su territorio, "identificar" al poseedor del mismo y "notificar" el hallazgo a los estados miembros interesados.

Asimismo, y en cooperación con estados miembros, se encargará de trazar las "medidas necesarias para la conservación de ese bien" y "evitar que se eludan los procedimientos" de restitución, ha explicado Sáenz de Santamaría.

Este proyecto dota, además, de nuevas funciones al Consejo del Patrimonio Histórico Español, que actuará como instrumento de colaboración y cooperación con las comunidades autónomas que tienen también competencias en materia cultural.