Carlos Fabra, el durante décadas todopoderoso político de Castellón, donde presidió la Diputación durante dieciséis años y el PP provincial durante veintidós, acabará finalmente en prisión después de que el Supremo haya confirmado la condena de cuatro años de cárcel por delitos fiscales.

La resolución del alto tribunal llega diez años y medio después de la interposición de las querellas que dieron inicio a este procedimiento, por cuya instrucción pasaron nueve jueces y cuatro fiscales.

Nacido en Castellón en 1946 en el seno de una saga de políticos castellonenses -su padre y otros miembros de su familia fueron presidente de la Diputación-, este licenciado en Derecho entró en la política de la mano de UCD, pero fue con el PP con el que fraguó una carrera que le convirtió en un "peso pesado" del partido.

Desde que en 1995 accediera a la presidencia de la Corporación provincial, se convirtió el rostro más visible y mediático de Castellón, tanto por su forma de ejercer la política como por su personalidad, que le ha llevado a afirmar alguna vez que es "más famoso que José Tomás".

Este político que lleva gafas de sol oscuras, desde que de niño perdiera un ojo, siempre ha reivindicado los logros alcanzados en su provincia, como el hospital provincial, aunque pasará a la historia por promover el aeropuerto de Castellón, inaugurado en marzo de 2011 y todavía sin tráfico de aviones.

Fabra presidió la sociedad pública que promovió el aeropuerto de Castellón, Aerocas, desde la que defendió la necesidad para el futuro económico de la provincia de una instalación que más de dos años después de su inauguración, y con él ya apartado de todo cargo político y público, todavía no está en marcha, aunque se espera que a finales de este año reciba su primer vuelo comercial.

Aficionado a los toros y al golf, ha sido agraciado en varias ocasiones con premios de lotería, e incluso el grupo municipal Compromís de Ontinyent (Valencia) hizo unas papeletas con su imagen y la frase "la lotería que siempre toca", aunque tuvo que pagarle a Fabra 12.956 euros por intromisión en el derecho a la imagen.

Fue nombrado secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón en 1975, cargo que posteriormente abandonó para centrarse en la política y al que regresó en 2012 tras dejar la presidencia de la Diputación y del PP provincial, aunque renunció a él de manera definitiva el pasado 31 de diciembre.

En junio de 2011 abandonó la presidencia de la Diputación de Castellón y un año después hizo lo mismo con su puesto al frente del PP de Castellón, que dejó ambos en manos de Javier Moliner.

El relevo se produjo después de que la oposición pidiera reiteradamente su dimisión tras haber sido imputado por delitos contra la Hacienda Pública, cohecho y tráfico de influencias, y los plenos de la Diputación se convirtieran en espectáculos retransmitidos por numerosos medios de comunicación, con intervenciones y réplicas más que subidas de tono.

Sin embargo él afirmó que dejar sus cargos era una decisión "personal" -que coincidió con un trasplante hepático en 2010- y explicó que renunciaba a ellos "tremendamente feliz" y sintiéndose apoyado por los ciudadanos en las urnas.

La tradición familiar de los Fabra queda ahora en manos de Andrea, la única de sus hijas que decidió dedicarse a la política y que actualmente ocupa un escaño en el Congreso de los Diputados.

El periplo judicial de Fabra comenzó en 2003, cuando su hasta entonces, amigo y empresario Vicente Vilar le denunció y le acusó de haber mediado en distintas instituciones públicas para favorecer la concesión de las licencias para los productos fitosanitarios que comercializaba en su empresa Naranjax y de haber obtenido dinero a cambio.

Después de que la Audiencia provincial dictara en noviembre pasado la sentencia por la que le condenó a cuatro años de prisión por delito fiscal, Carlos Fabra, quien la semana que viene cumplirá 68 años, aseguró que no tenía "miedo a ir a la cárcel" y que no solicitaría el indulto.