El veto a la nueva senda de estabilidad anunciado por el nuevo líder del PP, Pablo Casado, dejará sin más de 800 millones de gasto adicional a comunidades en las que gobierna su partido, del total de más de 2.200 millones de los que podrían disponer el conjunto de las autonomías.

El bloqueo previsto en el Senado, donde los populares cuentan con mayoría absoluta, supondría volver a los objetivos de déficit anteriores, establecidos por el Gobierno de Mariano Rajoy y que tanto la Comisión Europea como la Autoridad Independiente de Responsabildiad Fiscal (AIReF) y otros organismos ya alertaron de que no se cumpliría.

En todo caso, de consumarse la amenaza, las administraciones públicas dispondrían de cinco décimas menos de déficit (unos 6.200 millones), al situarse de nuevo el tope en el 2,2% del producto interior bruto (PIB) (2,7% el acordado con Bruselas por el Gobierno) y, en concreto, dos décimas menos para las autonomías y para la Seguridad Social (5.000 millones).

De entre las comunidades gobernadas por el PP, la más penalizada será Madrid, con unos 477 millones menos de gasto; seguida por Galicia, con 132 millones; y Castilla y León, con 123 millones menos para destinar a sanidad, educación y servicios públicos. También afectará a autonomías como Murcia (65,8 millones), La Rioja (17,7 millones) o Ceuta y Melilla, 3,6 y 3,3 millones, al frente de las que también hay un gobierno popular.

«Pequeño ajuste»

En cualquier caso, Cataluña, la comunidad con mayor proporción del PIB total, sería la más afectada, con unos 484 millones de euros menos de capacidad de gasto, seguido de Madrid y Andalucía, con unos 337 millones.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer que el Gobierno mantendrá sus previsiones y presentará el Presupuesto para el 2019, aunque los populares veten la senda de estabilidad. En ese caso, el Ejecutivo tendrá que hacer «un pequeño ajuste de los ingresos tributarios». Si no se pueden obtener mayores recursos por la vía de la mayor capacidad de margen de gasto que permite Bruselas, ha explicado, habrá que buscar los ingresos «de otra manera».

De todas formas, insistió, en que la afectación para el Presupuesto estatal, en el caso de tener que volver al déficit anterior «no es mucha», ya que se trata de una décima de PIB, es decir, unos 1.200 millones sobre un total de más de 125.000 millones. De hecho, el techo de gasto, en vez de experimentar un aumento del 4,4%, como plantea inicialmente el Gobierno de Pedro Sánchez, crecería el 3,4%.

El castigo mayor será tanto para las comunidades autónomas como para la Seguridad Social, que se embolsan el 80% del mayor margen de gasto previsto para este año. Montero apeló a la «responsabilidad» del PP para permitir la aprobación de la nueva senda de déficit, menos restrictiva que la anterior, «porque el PSOE cuando estuvo en una situación similar apoyó al Gobierno» para aprobar los objetivos del 2017. Entonces, según Montero, la situación era similar, y sirvió para dar oxígeno a las autonomías.

La idea del Gobierno no es solo facilitar este respiro a las comunidades en forma de mayor capacidad de gasto sino ofrecer un anticipo a cuenta del sistema de financiación que dote de mayor liquidez a las conunidades.

Todo ello se comunicará a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que podría celebrarse el martes de la semana que viene, H el último día de julio.