El coordinador del dispositivo policial para evitar el 1-O, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, se mostró muy contundente ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena al criticar la actuación de los Mossos ese día. La atribuyó a las órdenes que recibieron de su entonces mayor, Josep Lluis Trapero, por instrucción del consejero de Interior, Joaquim Forn. Situó a ambos en la cúpula del cuerpo, junto al que era su director general, Pere Soler. El testigo, que declaró durante cuatro horas y media, llegó a afirmar que «el cumplimiento de la ley está por encima de la convivencia ciudadana», según fuentes jurídicas. Pérez de los Cobos, hizo esa afirmación al referirse a la «tensa» reunión del 28 de septiembre de todos los cuerpos. Señaló que los representantes de la Generalitat conocían en su integridad el auto del TSJC que ordenaba impedir el referéndum ilegal y se aferraban al argumento relativo a la proporcionalidad de la actuación para salvaguardar «la convivencia ciudadana».

A su juicio, el dispositivo previsto por los Mossos para retirar las urnas era insuficiente; diseñado para no ser operativo. Añadió que comunicaban los colegios en los que el escudo humano era suficiente para parar la intervención policial e informaban de los movimientos de policías y guardias civiles. Todas las partes esperaban mucho del testimonio de Pérez de los Cobos. Las acusaciones quería acreditar la participación de Trapero. Las defensas se interesaron por las 1.060 asistencias sanitarias del 1-O y si se abrieron expedientes. El coronel aseguró que muchas de esas asistencias eran falsas y que no había agentes expedientados.