Los alumnos del colegio Santa Illa School de Madrid regresan este lunes a las clases después del embargo de bienes que sufrió el centro el pasado jueves como consecuencia de una deuda de un millón de euros de la sociedad anónima propietaria con la Seguridad Social.
Trabajadores del centro colocaron el viernes al mediodía un cartel en la fachada informando de que las clases se reanudaban el lunes, después de que la Tesorería General de la Seguridad Social decidiera nombrar depositaria de los bienes embargados a la sociedad responsable con el fin de que el colegio pudiera continuar con la actividad.
Rechazo de las soluciones
La Tesorería justificó su actuación del jueves, cuando operarios y funcionarios de la Administración entraron en el centro para llevarse las pizarras, los pupitres y todo el material deportivo con los niños presentes, en las reiteradas ocasiones en que habían intentado hallar una solución sin lograr respuesta alguna. Según el Ministerio de Empleo y Seguridad, el propietario y director del centro rechazó "sistemáticamente" todas las soluciones que se le daban para afrontar su deuda, como el pago fraccionado, e "hizo caso omiso a la petición de entregar una relación de bienes de su propiedad por si su embargo pudiera servir como garantía de pago".
El director, Iñaki Santa, ha reconocido la deuda y ha asegurado que su intención es saldarla, por lo que quiere encontrar una solución tanto con la Seguridad Social como con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para que el centro pueda permanecer abierto más allá del mes de junio.
Pupitres y colchonetas
Los padres, que carecen de asociación, han mostrado su "unión" a la hora de afrontar la situación y aunque pedirán explicaciones a la dirección, su preocupación y demanda se centra en el "atropello que sufrieron los niños en medio de clase". Afirman que los alumnos vieron con sus propios ojos cómo operarios se llevaban sus pupitres, sus colchonetas y, en general, todo el material educativo y deportivo, y que pasaron mucho tiempo en el patio porque, evidentemente, no podían estar en las clases. "Fue impresentable la forma de actuar", sostienen.
En eso coincide toda la comunidad educativa, que no entiende por qué no se procedió al embargo un sábado o un día festivo. La Seguridad Social ha explicado que todo ha sido consecuencia de las reiteradas negativas de la sociedad a buscar una solución, que el jueves se cumplía el plazo judicial para el embargo y que "tanto los trabajadores como el administrador de la empresa convinieron en evitar el desconcierto entre los usuarios, que supuestamente iban a ser informados".
Después de que el viernes se suspendiera la retirada de los bienes y regresara todo el material del depósito, los profesores han pasado todo el fin de semana recolocando los muebles en su sitio.
